La Fiscalía Anticorrupción proclamó ayer que su larga investigación sobre el escándalo urbanístico en Seseña (Toledo) «sigue abierta». Salió así al paso de las acusaciones que ayer mismo reiteró la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, sobre la pasividad de la Fiscalía con José Bono en su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha en contraste con su actividad contra políticos del PP.
La Fiscalía ha confiado la investigación de Seseña a la número dos de Anticorrupción, la teniente fiscal Belén Suárez, «porque es un caso importante», según fuentes de la institución. Y ésta autorizó ayer un inusual comunicado en el que niega implícitamente pasividad y da escueta cuenta de lo que ha hecho hasta ahora. «Con fecha 25 de julio de 2006, la Fiscalía inició unas diligencias informativas para determinar posibles irregularidades cometidas en el ámbito municipal de Seseña». Lo hizo entonces al recibir una denuncia de Izquierda Unida contra, entre otros, el equipo municipal socialista de Seseña y el ex presidente de la Junta castellanomanchega José Bono.
«En el curso de dichas diligencias, el representante del Ministerio Público tomó declaración a diversos responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, y solicitó a diversos organismos públicos y entidades privadas diversa documentación sobre la recalificación urbanística decidida en el municipio toledano». Anticorrupción dice que se encuentra ahora pendiente de esos datos. «La investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa abierta, a la espera de recibir la documentación solicitada con el fin de averiguar posibles responsabilidades en la mencionada actuación urbanística».
Fuentes de la Fiscalía declinaron precisar más a este diario contra qué instituciones, empresarios o altos cargos continúa abierta la investigación porque señalaron que el espectro es aún amplio y que no cabe descartar a nadie por ahora. Por tanto, ni Bono, ni el actual presidente de la Junta, José María Barreda, ni el promotor Francisco Hernando, El Pocero, pueden dar aún el caso oficialmente por cerrado o archivado.
Según el comunicado, de momento, sólo han tomado una iniciativa ante los tribunales: «Con fecha 9 de julio de 2008, la Fiscalía presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Illescas contra el que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública». Martín era el alcalde socialista de Seseña que recalificó -en su último Pleno municipal antes de perder el cargo- 1,8 millones de metros cuadrados en favor de El Pocero, tras reunirse previamente con el consejero de Urbanismo de la Junta de Bono, Alejandro Gil.
La Fiscalía admite la existencia del informe que publicó EL MUNDO el pasado lunes firmado por el jefe de la unidad de apoyo a Anticorrupción en la Intervención General del Estado, Jaime López Alonso. Éste aseguraba que no había razones que explicaran la pasividad de la Junta de Bono con el escándalo «salvo grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos».
Pero, según Anticorrupción, este misil del interventor no significaba que éste viera potenciales delitos en la Junta: «Las conclusiones del mencionado informe, recibido el 14 de mayo de 2007 [tres días después del sello de entrada del documento], no apoyaron la existencia de posibles responsabilidades penales en el ámbito de la Comunidad Autónoma». En todo caso, Anticorrupción subraya que fue ella quien solicitó este informe al interventor, como prueba de que estaba practicando diligencias.
Estos pijos rojos, se creen que todo el monte es orégano.
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