Escándalo y despilfarro en las televisiones autonómicas

LA PREGUNTA CLAVE del plan de ajuste del Gobierno es si había alternativas para ahorrar en otros gastos con el fin de evitar la congelación de las pensiones, una medida dolorosa porque afecta a uno de los colectivos más débiles. El informe que hoy publicamos en el suplemento Mercados demuestra que, efectivamente, hay otros recortes que serían mucho más justos, e incluso imprescindibles. Las pérdidas millonarias que anualmente generan las catorce cadenas de televisión de ámbito autonómico prácticamente coinciden con los 1.530 millones que el Gobierno prevé ahorrar en 2011 a través de la congelación de las pensiones. Si el despilfarro de las emisoras autonómicas ya resultaba censurable en tiempos de bonanza, en época de austeridad resulta escandaloso e inaceptable. En España hay catorce televisiones autonómicas que en 2008 -último ejercicio del que se disponen datos- perdieron 1.208 millones de euros. Teniendo en cuenta que los ingresos en publicidad han disminuido, y calculando por lo bajo, el año que viene acumularán pérdidas que ascenderán a 1.500 millones de euros, que son los que va a ahorrar a las arcas públicas la congelación de las pensiones.

Los datos de explotación del negocio de estas televisiones hablan por sí solos. Sus directivos ganan en algunos casos más que los presidentes de comunidad, emplean a 10.200 funcionarios que, por cierto, no verán reducido su salario porque trabajan en empresas públicas, y se gastan grandes cantidades en adquirir los derechos de eventos deportivos -como la Fórmula 1 o el fútbol- que ya emiten otras cadenas privadas. A la ineficiencia de la gestión -disponen de 460 trabajadores por cada punto de audiencia mientras las privadas tienen 100-, hay que sumar el clientelismo -existen varios ejemplos de tráfico de influencias en la contratación de programas- y, por supuesto, el sectarismo informativo que practican como aparatos de propaganda que son de los presidentes autonómicos. Y en esto no hay diferencia entre unos partidos u otros. Todos son iguales. Canal Nou no informa del caso Gürtel del mismo modo que Canal Sur no lo hace de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La ley de terceros canales impide el cambio en la titularidad de estas cadenas. Subastarlas o privatizarlas -las dos únicas salidas junto al cierre que deberían tener estas máquinas de perder dinero público- exige un cambio en la ley de terceros canales, algo a lo que se ha negado este Gobierno por razones difícilmente explicables. La presidenta madrileña se ha declarado dispuesta a privatizar Telemadrid, cuando la ley lo permita. También Rajoy ha pedido un recorte en el gasto en televisiones públicas. Puede predicar con el ejemplo, puesto que los presidentes autonómicos del PP mandan en las suyas.