El Gobierno achaca a Gürtel las críticas del PP por los ataques al Supremo

defiende la libertad de expresión
MADRID, 21 Abr.
El Gobierno y el PP mantuvieron este miércoles un agrio enfrentamiento en el Congreso a costa del acto que los sindicatos organizaron en Madrid en defensa del juez Baltasar Garzón, en el que se vertieron ataques contra el Tribunal Supremo, encargado de juzgar al magistrado.

Para los 'populares', hay una "sucia campaña" de populismo, agitación y de coacciones al tribunal de la que responsabilizan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su empeño en "reabrir viejas heridas" y por no asumir el pacto constitucional de 1978. El Ejecutivo, a través de seis ministros, reiteró su respeto por el Supremo, recalcando que no es incompatible con la libertad de expresión, y achacó la reacción del PP a un intento de desviar la atención por el 'caso Gürtel'.

El primer enfrentamiento dialéctico en dos meses entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, y la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió la ofensiva del PP para exigir explicaciones al Gobierno por su acción o inacción ante los ataques que está recibiendo el Tribunal Supremo por juzgar a Garzón.

El almeriense Juan José Matarí censuró al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por afirmar que las críticas del PP le entraban por uno oído y le salían por el otro, a la vez que reprobó la presencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el homenaje a Garzón en el que se criticó al Tribunal Supremo.

CHAVES Y ZARRÍAS, "DOS POR UNO"

"Fue un acto antisistema en que se insultó gravemente al Supremo", proclamó, acusando a los socialistas de llevar a cabo una campaña "extremista" de agitación pública contra Poder Judicial y de coacción al tribunal que debe juzgar a Garzón. Tras insinuar que Zarrías acudió al acto ordenado por Chaves, aconsejó el cese de ambos: "Lo oportuno es dos por el precio de uno", dijo.

Y de todo ello responsabilizó a Zapatero, a quien ve "ocupado en reabrir viejas heridas" e "incapaz de asumir el pacto constitucional de 1978". "Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar", aseveró.

"No he oído una pregunta tan ridícula en todo el tiempo que llevo en el congreso", replicó el vicepresidente, subrayando que ningún ciudadano tiene que pedir perdón o dimitir de un cargo por ejercer sus derechos: "Recuerde que vivimos en sociedad democrática".

A su juicio, la única "agitación" es la del PP contra quien investiga indicios de corrupción en su partido. En este sentido,. reiteró su respeto por el Supremo y contrastó su actitud con la reacción del PP hablando de "conspiraciones" cuando se investigan casos en su partido.

"Ustedes atacan a las instituciones democráticas básicas pero el caso Gürtel no es de la Policía, ni de los jueces ni de los fiscales, sino del PP --proclamó--. Para tapar sus escándalos no es de recibo que ustedes atenten contra el honor de determinadas personas. Los que saltan las reglas y son los que meten la mano en la caja y cogen el dinero público, que es de todos".

TRILLO: COMPLICIDAD CON CALUMNIAS

A renglón seguido, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, pidió al ministro Francisco Caamaño que instruya al fiscal general del estado para quienes atacan al Tribunal Supremo apelando a la sentencia de 2005 de este tribunal tachando de manifestaciones ultrajantes y claramente atentatorias las palabras de Otegi acusando al Rey de ser el jefe de los torturadores.

"Hablan de libertad de expresión pero en la libertad de expresión no cabe el insulto ni la calumnia, mientras que en el Código Penal están las calumnias graves contra el Supremo", señaló, recalcando que, si el gobierno no actúa, su comportamiento ya no será tolerancia, sino "complicidad en calumnias".

Caamaño contestó que el Gobierno respeta la autonomía del Ministerio Fiscal y recordó que la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo había dejado claro que esos actos en defensa de garzón no interfieren ni en su imparcialidad ni en su independencia, por lo que aconsejó al PP no "sobreactuar".

"Creo que con su historia, pocos alardes --dijo al PP--. En vez de pretender sustituir al Supremo en la defensa hipotética de su dignidad en la ámbito penal, lo que hay que hacer es preocuparse de la coherencia política interna de su propio partido, porque a veces tiene la costumbre de girar en el sentido en que va la correa, unas veces dice A y otras B".

Tras Caamaño, largamente aplaudido por el grupo Socialista, le tocó el turno al ministro de Fomento, José Blanco, a quien el diputado José María Lasalle le reprochó sus críticas al hecho de que sea precisamente Falange quien lleve al juez Garzón en el banquillo de los acusados.

"CORTINA DE HUMO"

El ministro y vicesecretario general del PSOE insistió en su "máximo respeto y apoyo" al Supremo, pero se amparó en el derecho a la libertad de expresión para reafirmar su deseo de que los falangistas no se salgan con la suya y de que el PP no se ponga de su lado. "Lo que no entiendo es que ustedes levante una cortina de humo cuando han emprendido una cruzada contra Garzón por haber destapado un escándalo que afecta a su partido --dijo--. Tratan de desviar la atención".

Lasalle le recordó que no es un ciudadanos más y que su calidad de ministro y de 'número dos' del PSOE es lo que hace que sus manifestaciones fueran propulsadas a todos los medios de comunicación. "Dijo algo que no se puede insinuar --agregó--. Fue un gesto populista irresponsable, confundiendo su papel de ministro con el de mitinero que lanza soflamas".

La ofensiva del PP afectó también al ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien el diputado Álvaro Nadal le reprochó sus opiniones acerca de que en España aún hay restos del franquismo, al entender que sembrar dudas sobre la calidad de la democracia española perjudica la imagen exterior del país. "¿Por qué se ha enredado en un debate ideológico de estas características?", le preguntó.

El titular de Industria contestó que sus declaraciones fueron "impecables" en el respeto al Supremo y a la libertad de expresión y que lo que deteriora la imagen de España en el exterior son las constantes críticas del PP a la política económica del Gobierno poniendo en duda la solvencia de nuestra economía. "Haga esa pregunta a su jefe, Cristóbal Montoro, al jefe de su jefe, Mariano Rajoy, Rajoy, y al jefe del jefe de su jefe, José María Aznar", comentó.

Hasta la tradicional exigencia de explicaciones del PP al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta del supuesto chivatazo policial a ETA en 2006 se tiñó del debate sobre las críticas recibidas por el Supremo a cuenta del juicio a Garzón.

GOBIERNO BRAVUCÓN, RADICAL Y SECTARIO

Ignacio Gil Lázaro tachó de "patético" el acto de la Complutense y cuestionó la "sucia campaña" contra la democracia y el Supremo, que en su opinión pone en evidencia que el Gobierno es, entre otras cosas, "bravucón, irresponsable, radical y sectario" y que está "obsesionado por resucitar el fantasma de las dos españas".

Rubalcaba recordó que el propio Gil Lázaro había lanzado "insultos y disparates" contra jueces y fiscales ante el Pleno del Congreso a cuenta del 'caso faisán': "No sé lo que me llama más la atención, lo que dicen fuera o que tengan la poca vergüenza de traer este debate", zanjó.

Y en medio de la refriega, un joven diputado del PSOE, Daniel Méndez, quiso aprovechar su turno de intervención en la sesión de control para proclamarse su orgullo ante el Pleno del Congreso por haber compartido con Zarrías la asistencia al homenaje a Garzón que tanto critica el PP.