El Gobierno también ofreció a ETA eliminar la doctrina Parot

«No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar eso... Si no hay más remedio, cambiaremos las leyes», dijo la delegación de la que formaba parte Gómez Benítez

La doctrina Parot también estuvo encima de la mesa de negociación con ETA. Según las actas de la banda terrorista incautadas en Francia, los enviados del Gobierno hicieron saber a sus interlocutores que estaban realizando importantes esfuerzos para conseguir la transformación de los efectos de una sentencia del Tribunal Supremo que prolongó, de hecho, la estancia en prisión de los etarras con condenas más largas. Los representantes gubernamentales se mostraron abiertos, incluso, a modificar las leyes. A llevar el asunto al Parlamento si resultaban baldías las gestiones que aseguraban estar realizando.

«No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina... Si no hubiera más remedio, habría que cambiar la leyes», sostuvo, según los papeles incautados en Francia, uno de los representantes del Ejecutivo.

Dicho esto, y para convencer a los etarras, el mismo representante realizó cálculos de supuestos porcentajes correspondientes a partidarios y detractores a esa modificación en aquellos momentos, sin que conste la institución a la que se estaba refiriendo. Lo que dijo fue que, en el caso de que el proceso se pusiera realmente en marcha, esa proporción cambiaría de manera notoria, y llegó a afirmar que podría pasarse del 70-30 en el que estaría esa correlación de fuerzas a un mucho más favorable 95-5.

La doctrina Parot fue bautizada con ese nombre porque fue el etarra Henri Parot quien tomó la iniciativa que permitiría, muy a pesar del terrorista, que el Tribunal Supremo adoptase una decisión en su contra y de decenas de miembros de la banda que esperaban con verdadera ansiedad su cercana o inminente salida de prisión, después de muchos años de penar sus crímenes. Obviamente, para la banda una rectificación de esa situación habría sido importante porque incidiría positivamente en el ánimo de un bloque muy numeroso de sus militantes y permitiría mejorar las expectativas de los muchos etarras afectados por la medida.

De modo que este aspecto legal también tuvo su sitio en la reunión mantenida entre los días 11 a 15 de diciembre de 2006 en Oslo entre tres representantes del Ejecutivo y tres enviados de la banda terrorista. Unos y otros estuvieron repasando el estado de los procesos abiertos en los tribunales contra la izquierda abertzale, que afectaban a Jarrai, Tierras Vascas, Egunkaria, Udalbiltza y Ekin, y entre los que se incluyó la excarcelación de De Juana y la situación de otros presos.

Fue un encuentro en el que la mayor parte de las explicaciones sobre los esfuerzos que se estaban realizando corrieron a cargo del catedrático José Manuel Gómez Benítez, el actual vocal del CGPJ.

Los primeros minutos de esta reunión de diciembre -que fue técnica, no política, dado que estas cuestiones eran abordadas en la mesa de partidos- se dedicaron a realizar reproches mutuos sobre quiénes estarían incumpliendo los supuestos pactos alcanzados en su día para iniciar la negociación.

Los reproches de los terroristas se centraron en asuntos que el Ejecutivo no habría resuelto, como la excarcelación de De Juana, que había sido tratada en la reunión previa de septiembre. El Ejecutivo, obviamente, contraatacó recordando el robo de 300 armas en Vauvert, las extorsiones y el terrorismo callejero.

Superado ese momento, Gómez Benítez informa a los terroristas de que hay asuntos en los que sentencias en contra son inevitables, pero al mismo tiempo les dice que hay otros que se están «negociando». En esos términos se refiere a la sentencia de Jarrai, sobre la que añade que se ha mostrado interés en que el semillero de la banda «no sea considerado parte de ETA». Y, en el mismo contexto, alude al procedimiento contra el PCTV, sobre el que dice que «lo probable es que se acuerde que este partido no constituye una continuación de Batasuna».

Llegados a este punto, el representante que había tomado la palabra hace mención de las ventajas que podría tener, para obtener los resultados esperados en todo lo que está pendiente de los tribunales, que el proceso se pusiese en marcha. Cabe deducir que lo que se pretendía con este enfoque es conminar a los terroristas a que, de una vez por todas, dejasen de entorpecer un acuerdo que permitiese iniciar, en ausencia de violencia, la aplicación de las premisas políticas y técnicas que establecieran los negociadores.

La siguiente cita se fijó para el 30 de enero, pero se cumplió lo que auguraba la actitud de ETA, tanto en la mesa de negociación de Loyola como en Oslo: estalló el atentado de Barajas, en el que fueron asesinados dos ecuatorianos. La reunión de enero no se celebró pero, en febrero, la banda envió una carta al presidente del Gobierno y, en marzo, fueron retomadas las negociaciones políticas y técnicas, esta vez en Suiza.

Buscando abrir camino

La reunión de mediados de diciembre de 2006 se produjo en un momento especialmente complicado, en el que los enviados del Ejecutivo podían ser conscientes de que, para superarlo, tenían que hacer un planteamiento efectivo.

A mediados de agosto, ETA había cogido una rabieta que quedó sustanciada en un comunicado en el que la banda aseguraba que el 'proceso' estaba en peligro por los constantes incumplimientos del Gobierno. Para conjurar esta actitud fueron convocadas las reuniones políticas de Loyola, a las que se incorporó el PNV, y un encuentro entre ETA y el Gobierno en septiembre en el que, según el documento incautado, los enviados del Ejecutivo se comprometieron a intentar excarcelar a De Juana o, ya entonces, a potenciar un cambio de la 'doctrina Parot'.

Respecto a las reuniones de Loyola, pocas semanas antes de la reunión de diciembre, ETA había ordenado a Arnaldo Otegi y a Rufino Etxeberria que se levantasen de la mesa en la que a punto estuvieron de llegar a una acuerdo, basado, 'grosso modo', en la creación de una institución común para el País Vasco y Navarra. El día en el que debían ratificarlo, aportaron un documento distinto al acordado en la sesión anterior en el que todo eran rectificaciones, y reventaron el proceso con su actitud -su azoramiento no impidió que acataran las órdenes de la banda- y con sus exigencias.

La negociación política era esencial para ETA y ése era el punto en el que se encontraba en diciembre.

Un golpe inesperado para los presos

Henri Parot, con una condena de 4.799 años por 82 asesinatos, entre consumados e intentados, llevaba cumplidos 16 y presentó un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de dividir en dos la acumulación de condenas que se le habían impuesto, en función de sus dos periodos de integración en ETA. Su pretensión era que, según lo acostumbrado, se produjese una refundición de ambas condenas para así poder aplicar sobre una sola los beneficios penitenciarios permitidos por el Código Penal de 1973 y salir antes de prisión. Pero el Supremo aprovechó su recurso para encontrar una solución sin precedentes y decidió que la redención de penas por beneficios se debía aplicar sobre cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido que, según el Código Penal del 73 era de 30 años. Como consecuencia, Parot vio pospuesta su salida de prisión a 2020 y buena parte de los etarras más sanguinarios, entre los que estaban incluidos 'Pakito', 'Kubati' o Troitiño, comprobaron cómo su reclusión se prolongaba más de lo que habían calculado