La trama de Interior del chivatazo permitió a Elosua dar un sobre a ETA

FAISÁN, EL CHIVATAZO: Delitos de "Obstrucción a la Justicia", "Colaboración con banda armada" e "Incumplimiento del deber de perseguir los delitos"/Las nuevas revelaciones del 'caso Faisán'
La trama de Interior del chivatazo permitió a Elosua dar un sobre a ETA

Tras ser avisado por el jefe superior del País Vasco, el recaudador Elosua viajó a Bayona y entregó un sobre tamaño folio al etarra Cau. El responsable del operativo decidió detenerlos al sospechar que se trataba de dinero, pero la trama movió sus hilos en Francia y abortó la operación. El malestar de los agentes franceses por la actuación de los mandos españoles puso en riesgo la continuidad de los equipos conjuntos antiterroristas

FERNANDO LÁZARO

Madrid
El chivatazo policial a ETA estuvo a punto de acabar con los equipos de investigación conjunta entre España y Francia. Y es que, según los informes policiales, los investigados lograron evitar que Francia detuviera en su territorio a los integrantes de la trama de extorsión de ETA cuando se producía una presunta entrega de dinero procedente del cobro del llamado impuesto revolucionario.

El chivatazo en el bar Faisán y el boicot desde Francia a la actuación contra el entramado de extorsión etarra provocó un duro enfrentamiento de los mandos policiales españoles con los franceses y, a su vez, de los juzgados de Grande-Marlaska y de Le Vert.

Y es que desde la Audiencia y la Policía ajena al chivatazo no se entendió aquel 4 de mayo por qué Francia no actuaba contra Joseba Elosua cuando cruzó la frontera y se presumía que estaba trasladando dinero obtenido de la extorsión etarra a los empresarios.

En ese momento nadie sabía que se había producido un chivatazo. Todo estaba previsto para detener en caliente al dueño del bar Faisán cuando cruzara la frontera para mantener una cita en Hendaya con José Antonio Cau, el contacto de la trama etarra en Francia.

Inicialmente, el enfado fue español. Pero al descubrirse el chivatazo, el malestar se trasladó a las filas judiciales francesas. Desde allí se exigieron muchas explicaciones porque no se entendía que España pidiera ayuda contra ETA para que luego responsables policiales echaran una mano a los terroristas, por mucho proceso de paz que estuviera en marcha. El enfado de la juez Le Vert fue histórico, según estas mismas fuentes.

Hay que partir de un principio básico de los hechos objetivos: la operación se frustra en España con el chivatazo a Joseba Elosua; pero se frustra también en Francia porque, contra toda lógica operativa e institucional, los franceses se negaron a actuar contra la trama. Estaban obligados, ya que se cumplían todos los requisitos fijados por los responsables del equipo de investigación conjunta y por el marco legal con el que estos grupos actúan.

En sus informes, los investigadores implican a los mismos autores del chivatazo en las maniobras para bloquear la actuación en Francia. Apuntan en sus escritos remitidos al juez la intervención del jefe de la Brigada de Francia, Alberto L.; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; la jefa de análisis de San Sebastián, María Teresa H. y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Pero, además, destacan el hecho de que ninguno de estos responsables policiales tenía relación directa con las investigaciones.

Según los informes policiales aportados al juez Garzón, cada uno de los implicados cumplía su propia función: una, pasando la información de que Elosua se va a Francia y se pretende iniciar la operación allí contra el aparato de extorsión; el jefe superior, alertando al jefe de la Brigada de Francia de esa circunstancia de forma inmediata; éste, también de forma inmediata, llamando al jefe del dispositivo de Bayona (el que ve in situ la cita y la entrega de los sobres de Elosua a otro de los investigados de la trama, José Antonio Cau) y al oficial de enlace de España en París, y el jefe superior, informando de los acontecimientos al director de la Policía.

Todos estos movimientos se produjeron de forma correlativa, sucesiva y simultánea, antes, durante y después de los acontecimientos del Faisán, según explicaron fuentes conocedoras de las pesquisas policiales.

Según se detalla en el informe 376 de enero de 2007, el 3 de mayo de 2006 la Policía detecta que se iba a producir una cita en una sidrería de Oyarzun (Guipúzcoa) entre dos «conocidos militantes del aparato de extorsión de ETA», Joseba Elosua y Ramón Sagarzazu, con el dirigente del PNV responsable de sus relaciones exteriores, Gorka Aguirre.

«La investigación determinó que Gorka Aguirre iba a entregar cierta cantidad de dinero procedente del pago de un empresario extorsionado por ETA. Esta cantidad iba a ser entregada a su vez, el 4 de mayo, a uno de los responsables de la red en Francia, José Antonio Cau, por parte del miembro de la red en España, Joseba Elosua, cuando el primero atravesara la frontera española y se entrevistara con el segundo en el bar Faisán, lugar de encuentro habitual durante años de estos dos activistas», relataba la Policía al juez.

Los responsables de la investigación contactaron con el juez Grande-Marlaska el mismo día 3 para alertarle de las novedades. Por la tarde se mantuvo un encuentro, con contacto con los responsables judiciales franceses, para ultimar la actuación conjunta. Y se fijaron los tres criterios que se debían cumplir para iniciar la operación. Previamente, la juez Le Vert reclamó a España una copia completa del «informe marco» con las investigaciones policiales.

El jefe del dispositivo conjunto, el inspector jefe Carlos G. (investigador también del chivatazo), informó de los detalles de la operación prevista al comisario jefe de la brigada de información de San Sebastián ese mismo día. Al día siguiente, comunicó los detalles operativos al jefe de la sección operativa de la brigada de Información en San Sebastián y a los funcionarios de la Unidad Central de Inteligencia desplazados a la capital donostiarra.

Poco después, Elosua recibe la advertencia policial en el bar Faisán. Elosua se desplazó a Francia tras el chivatazo, junto a su yerno, Carmelo Luquin, y se reunió en Bayona con Cau, a quien le entregó un sobre que se presume que contenía dinero. Esta reunión fue controlada por funcionarios de ambos países integrantes del ECI (grupo de investigación conjunta). El control no tiene consecuencias operativas, pese a lo pactado, «debido a la pasividad» del ECI francés, que alegó la necesidad de que la Unidad Antiterrorista de París diese el Ok. «Este argumento provoca sorpresa y desconcierto» en el equipo español, explican los informes.

Los documentos policiales detallan el recorrido telefónico de los investigados tras detectarse el movimiento de Elosua hacia Francia, que se inició sobre la 12.40 horas del 4 de mayo.

El jefe del equipo alertó tanto a sus superiores como al juez a las 13.10 horas. A las 13.17 es alertado también del hecho el jefe de la Brigada de Información de San Sebastián. Cuatro minutos después, a las 13.21, la inspectora jefa de la sección de análisis de San Sebastián efectuó una llamada al jefe superior. Tras esa llamada, el jefe superior del País Vasco llamó el director general (al que no localiza en ese momento) y acto seguido con el comisario jefe de la brigada de Francia, Alberto L. Éste comunicó inmediatamente con París, con el oficial de enlace de España en la División Nacional Antiterrorista (DNTA) y acto seguido con el comandante de la BRI, jefe del dispositivo en Bayona. La DNTA es la unidad central de la Policía Judicial de Francia donde desarrolla su actividad profesional el responsable del equipo conjunto del país vecino, con competencia en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, que se desplazó ese día a Bayona para participar en el operativo previsto contra la red de extorsión.

Sobre las 13.35 horas (tras las llamadas del comisario jefe de la brigada de Francia al oficial de enlace y al jefe del dispositivo de Bayona) tiene lugar la cita entre Elosua y el etarra Cau. El operativo en la zona comprobó la entrega a éste de un sobre tamaño A 4 envuelto en periódicos.

A las 13.50, mientras el responsable del equipo conjunto de España intentaba que Francia activase la operación sin ningún resultado, el director general de la Policía establecía comunicación por espacio de tres minutos con el jefe superior del País Vasco. Acto seguido, este mando «de forma inmediata», conversó en dos ocasiones con el jefe de la brigada de Francia. Ya a las 14.08, tras los reiterados intentos por parte del inspector Carlos G. (jefe del ECI español) se llegó al convencimiento de que Francia no iba a actuar contra la trama de extorsión

El primer intento de aviso se frustró

FERNANDO LÁZARO

Para los investigadores, la visita del inspector de Vitoria a la casa de Joseba Elosua en Irún es de suma importancia. Explican en sus informes que este inspector (sospechoso de intervenir en el chivatazo) acudió a la vivienda de Elosua para tratar de realizar allí el contacto. Como desconocía la zona, preguntó a una señora por la calle dónde estaba ubicada la casa. Esa persona resultó ser la mujer de Elosua.

Cuando el inspector llegó al domicilio, Elosua ya lo abandonaba en su vehículo, por lo que el contacto resultó infructuoso. Los investigadores detectaron que en ese momento se produjo una llamada desde el teléfono móvil de ese inspector al móvil del jefe superior de Policía del País Vasco. Acto seguido, según la reconstrucción realizada por los investigadores, el inspector se desplazó al bar Faisán. Allí, según estas conclusiones, entregó el móvil a Elosua para que el jefe superior le alertara de las vigilancias en una conversación que se prolongó más de cinco minutos.

Este dato, según explicaron fuentes policiales, pone de relieve, además de la improvisación con que se llevó a cabo el chivatazo, el hecho de que no pudieran estar implicados agentes que intervenían en la operación contra el entramado financiero de ETA. La razón es que el dispositivo llevaba más de dos años operativo y todos los agentes dirigidos por el inspector Carlos G. conocían hasta el último detalle de la vida de Elosua, incluido, lógicamente, su domicilio familiar

El PP reclama unir a la causa los informes policiales

Acusa al fiscal de no evaluar todos los indicios y dice que no procede el archivo

LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

El PP pidió ayer al juez Baltasar Garzón que incorpore al caso Faisán los informes policiales que han sido omitidos por la Fiscalía y una comisión rogatoria que tampoco ha sido tenida en cuenta por el Ministerio Público, que pidió el archivo de la investigación. El escrito entregado ayer por el procurador del PP ante la Audiencia Nacional remite a los datos que han dado a conocer las informaciones de EL MUNDO y a la publicada ayer por el diario digital elconfidencial.com.

Así, asegura que si se tuvieran en cuenta, «los indicios que echa en falta la Fiscalía se presentarían de forma diáfana» y «permitirían el total esclarecimiento de los hechos». Por ello, pide al juez «tanto que se instruyan como que se pongan en conocimiento de todas las partes cuantos informes policiales refieran investigaciones vinculadadas al presente proceso».

La pieza separada de la que informaba ayer el periódico digital se refiere al arresto, el 29 de marzo de 2007 en Francia, del etarra Jon Iurrebaso. El terrorista dijo a los policías que era un interlocutor del proceso de negociación con el Gobierno español y les mostró un número de teléfono terminado en 190 que, dijo, le fue entregado para que le sirviera de «salvoconducto» si tenía «algún problema». La juez Le Vert pidió en una comisión rogatoria información sobre ese teléfono. La respuesta de Interior no se conoce. Parece ser que ese móvil con tarjeta prepago era usado por el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los imputados en el caso Faisán.

«Si tales ignotos informe y comisión rogatoria evidenciasen la existencia de una vinculación entre el número de teléfono terminado en 190 con las negociaciones con la banda terrorista ETA y con el director general de la Policía (como usuario del mismo) y, a su vez, con llamadas realizadas o recibidas en dicho número en las fechas en que se produjo la filtración [el chivatazo a ETA] los indicios que echa en falta la Fiscalía se presentarían de forma diáfana», dice el PP.

Además del PP, ayer se refirió también al caso Faisán la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, durante un desayuno informal con periodistas. En el mismo aseguró que este caso, desvelado por este diario, «es uno de los escándalos más graves que han sucedido en la democracia española». La diputada aseguró que la investigación del chivatazo «no se puede archivar», y añadió que «la actitud del fiscal puede salpicar al Gobierno».

A FONDO
La trama



El affaire del chivatazo se enreda como las cerezas. A medida que se va tirando del hilo, la trama se complica, implicando más aún a determinados jefes de la Policía y apuntando cada día con más fuerza a algún político.

No podía faltar una dirección política en un proceso, la negociación con ETA, que fue, fundamentalmente, político.

A las cerezas que apunta hoy Fernando Lázaro se una otra relatada ayer por El Confidencial. Me refiero al famoso teléfono móvil con tarjeta de prepago terminado en 190.

Ésa es una de las claves de la investigación y por ello figura en la parte que el juez Garzón ha declarado secreta por supuestas razones de «seguridad nacional».

La historia. El 29 de marzo de 2007, la policía francesa detuvo en la localidad de Périgeux a dos etarras: Jon Iurrebaso y Kepa Suárez. El primero de ellos se puso chulo ante los agentes (algo así como «ustedes no saben con quién están hablando») y esgrimió una agenda en la que figuraban tres teléfonos: uno de un alto cargo del Ministerio del Interior de Francia (Christian Lambert) y otros dos, supuestamente, de responsables de la Policía española. Uno de ellos era precisamente el ya referido, cuya terminación es 190. En efecto, según se supo después, los dos etarras tenían línea directa con el Gobierno español y, de hecho, al día siguiente de su detención tenían previsto reunirse en Suiza con emisarios de Zapatero. Todo ello, hay que recordarlo, tres meses después del atentado de la T-4, que costó la vida a dos personas. Es decir, tras haberse roto formalmente las negociaciones, según el Gobierno.

La juez Le Vert pidió en comisión rogatoria conocer el propietario de ese teléfono. La comisión fue recepcionada en la Audiencia por el juez Del Olmo, quien, a su vez, pidió al Ministerio del Interior español que averiguara el dato.

Garzón, que ya había vuelto de Nueva York y que, por tanto, había heredado de Grande-Marlaska la investigación del chivatazo, solicitó a Del Olmo la comisión rogatoria. Éste se negó. Pero, finalmente, tuvo que ceder ante un argumento inapelable: ese teléfono (el 190) aparecía también en la investigación del chivatazo.

¿Quién era su propietario? Nada menos que el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el hombre que, según la investigación, figura en la cabeza de la trama policial del chivatazo.

La preocupación del Gobierno por este asunto resulta comprensible. Y, por ello, la Fiscalía quiere que el juez Garzón archive el caso como sea.

La cuestión es que García Hidalgo utilizó ese teléfono durante meses sin saber que estaba pinchado por la Policía, previa autorización del juez Grande-Marlaska.

Dicen algunas fuentes que García Hidalgo fue grabado hablando con etarras, con policías y con dirigentes políticos.

Esas conversaciones pondrían de manifiesto hasta qué punto el Gobierno se implicó en sus cesiones hacia ETA, e incluso el malestar del director general de la Policía al ser destituido de su cargo pese a los servicios prestados.

Por otra parte, la información que hoy publica EL MUNDO pone de relieve que el Gobierno español involucró también en el proceso de negociación con ETA al Ejecutivo francés.

Pero, al igual que ocurrió aquí con Grande-Marlaska, la componenda no contó con la colaboración de la Justicia y, gracias a Le Vert, hemos podido saber que los jefes de ETA hablaban directamente nada menos que con el director general de la Policía.

Garzón, como ocurrió con el sumario de los GAL, tiene otra vez al Gobierno en sus manos.

Si continúa la investigación y se llegan a conocer las conversaciones grabadas al teléfono 190, Zapatero se encontrará con el problema más grave al que ha tenido que hacer frente desde que ganó las elecciones de 2004.

Los ciudadanos probablemente entienden la apuesta de Zapatero, su decisión de abrir un proceso de diálogo con ETA. Pero, ¿a qué coste? Ésa es la cuestión. El sumario del chivatazo pone de relieve que la lucha contra el terrorismo se metió durante meses en el congelador a la espera de un final feliz que nunca llegó a producirse. Ésa es la responsabilidad que todavía no ha asumido el Gobierno de Zapatero.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es