EL FUTURO DE LA ENERGÍA / El coste de los residuos
Francia 'sablea' a España con las nuclearesEl Gobierno ha pagado más de 200 millones desde 1994 por el alojamiento de residuos
RAÚL CONDE
Madrid
El 19 de octubre de 1989 no es una fecha cualquiera en la historia de la energía nuclear en España. La central de Vandellós I (Tarragona) registró un incidente calificado de nivel 3 en la escala INES (de 0 a 7). Sólo el hecho de que el reactor no terminara de fundirse evitó una tragedia mayor. Sin embargo, la extrema gravedad del suceso provocó un año después el cierre y el primer desmantelamiento de una planta nuclear en España. Llevaba 17 años funcionando y era de primera generación. Sobre el papel, una garantía. Pero falló.
Aunque el reactor de Vandellós I tiene que permanecer 25 años en reposo antes de poder ser definitivamente clausurado, la gestión de sus residuos de alta actividad obligó al Gobierno a buscar una solución transitoria. Al no disponer España de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), decidió enviar el combustible gastado a Francia y pagar un alquiler por el servicio. Y no precisamente barato.
Hifresa, la empresa franco-española propietaria de Vandellós I, firmó un acuerdo en 1994 con la francesa Cogema para depositar sus desechos radiactivos de alta actividad. Desde esa fecha, España ha pagado más de 200 millones de euros. La factura del alquiler de los residuos nucleares le ha salido al Gobierno por 40.000 euros al día.
En el fondo, quien está pagando esta elevada factura es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Lo hace a través de su fondo, pero éste en realidad procede de la aplicación de una tarifa sobre la recaudación por venta de energía eléctrica. Esto quiere decir que, indirectamente, quienes están costeando este gasto son los ciudadanos a través del recibo de la luz.
El acuerdo con Francia finaliza el 21 de diciembre de 2010 y establece la vuelta a España de los desechos atómicos. La previsión era que, para entonces, España tuviera listo su almacén nuclear. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha establecido su ubicación y el retraso obligará a mantener el combustible en la planta francesa por un periodo de tiempo sin determinar. Al menos, hasta que el futuro ATC esté construido.
La demora supondrá una penalización económica de 20.000 euros, de tal manera que España deberá pagar desde finales de este año 60.000 euros al día por el alquiler de la basura nuclear de Vandellós I. En total, 22 millones de euros al año.
La cuestión que subyace en este asunto es el tratamiento de los residuos, el gran problema de la energía atómica. Como no se pueden destruir, la ciencia ha desarrollado varias estrategias para su gestión. Pero sólo una está cuajando: agruparlos en un almacén temporal que tiene aspecto de instalación industrial y cuya vida útil ronda los 60 años.
El almacén es una vieja aspiración de la industria nuclear española que se ha ido retrasando, año tras año y gobierno tras gobierno, por una mezcla de indefinición política y opacidad. Fue hace cuatro años, con José Montilla como titular de Industria, cuando el proyecto terminó por relanzarse. El Congreso aprobó una proposición en la que se instaba al Gobierno a promover el ATC. Sin embargo, no fue hasta el verano pasado cuando el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció el concurso de adjudicación, para luego pronosticar que habría «pelea» entre los ayuntamientos.
El 23 de diciembre de 2009, la Secretaría de Estado de Energía emitió una orden que abría el periodo para que los municipios presentaran sus solicitudes. Este plazo termina el próximo 30 de enero y, hasta la fecha, sólo Yebra (Guadalajara) se ha sumado de forma oficial
El 19 de octubre de 1989 no es una fecha cualquiera en la historia de la energía nuclear en España. La central de Vandellós I (Tarragona) registró un incidente calificado de nivel 3 en la escala INES (de 0 a 7). Sólo el hecho de que el reactor no terminara de fundirse evitó una tragedia mayor. Sin embargo, la extrema gravedad del suceso provocó un año después el cierre y el primer desmantelamiento de una planta nuclear en España. Llevaba 17 años funcionando y era de primera generación. Sobre el papel, una garantía. Pero falló.
Aunque el reactor de Vandellós I tiene que permanecer 25 años en reposo antes de poder ser definitivamente clausurado, la gestión de sus residuos de alta actividad obligó al Gobierno a buscar una solución transitoria. Al no disponer España de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), decidió enviar el combustible gastado a Francia y pagar un alquiler por el servicio. Y no precisamente barato.
Hifresa, la empresa franco-española propietaria de Vandellós I, firmó un acuerdo en 1994 con la francesa Cogema para depositar sus desechos radiactivos de alta actividad. Desde esa fecha, España ha pagado más de 200 millones de euros. La factura del alquiler de los residuos nucleares le ha salido al Gobierno por 40.000 euros al día.
En el fondo, quien está pagando esta elevada factura es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Lo hace a través de su fondo, pero éste en realidad procede de la aplicación de una tarifa sobre la recaudación por venta de energía eléctrica. Esto quiere decir que, indirectamente, quienes están costeando este gasto son los ciudadanos a través del recibo de la luz.
El acuerdo con Francia finaliza el 21 de diciembre de 2010 y establece la vuelta a España de los desechos atómicos. La previsión era que, para entonces, España tuviera listo su almacén nuclear. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha establecido su ubicación y el retraso obligará a mantener el combustible en la planta francesa por un periodo de tiempo sin determinar. Al menos, hasta que el futuro ATC esté construido.
La demora supondrá una penalización económica de 20.000 euros, de tal manera que España deberá pagar desde finales de este año 60.000 euros al día por el alquiler de la basura nuclear de Vandellós I. En total, 22 millones de euros al año.
La cuestión que subyace en este asunto es el tratamiento de los residuos, el gran problema de la energía atómica. Como no se pueden destruir, la ciencia ha desarrollado varias estrategias para su gestión. Pero sólo una está cuajando: agruparlos en un almacén temporal que tiene aspecto de instalación industrial y cuya vida útil ronda los 60 años.
El almacén es una vieja aspiración de la industria nuclear española que se ha ido retrasando, año tras año y gobierno tras gobierno, por una mezcla de indefinición política y opacidad. Fue hace cuatro años, con José Montilla como titular de Industria, cuando el proyecto terminó por relanzarse. El Congreso aprobó una proposición en la que se instaba al Gobierno a promover el ATC. Sin embargo, no fue hasta el verano pasado cuando el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció el concurso de adjudicación, para luego pronosticar que habría «pelea» entre los ayuntamientos.
El 23 de diciembre de 2009, la Secretaría de Estado de Energía emitió una orden que abría el periodo para que los municipios presentaran sus solicitudes. Este plazo termina el próximo 30 de enero y, hasta la fecha, sólo Yebra (Guadalajara) se ha sumado de forma oficial
EL FUTURO DE LA ENERGÍA / El coste de los residuos
Figura en nómina de una subcontrata de la pública Enresa
RAÚL CONDE / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Madrid
Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra por el PP, no es ajeno a la industria nuclear en su actividad laboral. Desde 2007, trabaja en la central de Zorita, propiedad de Unión Fenosa-Gas Natural y ubicada también en la misma zona, en el sur de Guadalajara. Tras el cierre de esta planta, su trabajo ha pasado a depender de la Empresa Nacional de Residuos Sólidos (Enresa), que es la encargada de pilotar el futuro almacén nuclear al que opta Yebra de forma oficial.
En concreto, Sánchez figura ahora en la plantilla de una subcontrata de Enresa especializada en el desmantelamiento de centrales, tal como confirmaron a EL MUNDO fuentes cercanas al regidor, corroboradas por el PP.
El primer edil de Yebra se incorporó a Zorita en un puesto de nueva creación que afectaba a la actividad exterior de la central. Su labor incluía ser responsable de las comunicaciones con organismos externos, instituciones, colectivos y municipios, además de la preparación de informes y comunicaciones oficiales.
Tras el cierre de la planta, decretado en 2002 con el PP en el Gobierno y ejecutado en 2006 ya con el PSOE, alrededor de una veintena de trabajadores pasaron a pertenecer a una comisión de servicios dependiente, en última instancia, de Enresa. Fue a este grupo al que se incorporó Juan Pedro Sánchez.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Yebra aprobó el pasado jueves su candidatura oficial, la primera de un municipio en España, al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Enresa, junto al Consejo de Seguridad Nuclear, tiene el cometido de elevar un informe al Consejo de Ministros determinando la mejor candidatura para esta instalación.
Antes de ser empleado de una central nuclear, el alcalde yebrano no ejercía ninguna profesión. En realidad, trabajaba para una fábrica de confección de jerseys propiedad de un tío suyo. Este negocio, ubicado en la comarca sur de Guadalajara, acabó cerrando y fue entonces cuando Sánchez tuvo que buscarse otra salida laboral. En 2007, salió elegido alcalde de Yebra tras obtener el PP la mayoría absoluta.
Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra por el PP, no es ajeno a la industria nuclear en su actividad laboral. Desde 2007, trabaja en la central de Zorita, propiedad de Unión Fenosa-Gas Natural y ubicada también en la misma zona, en el sur de Guadalajara. Tras el cierre de esta planta, su trabajo ha pasado a depender de la Empresa Nacional de Residuos Sólidos (Enresa), que es la encargada de pilotar el futuro almacén nuclear al que opta Yebra de forma oficial.
En concreto, Sánchez figura ahora en la plantilla de una subcontrata de Enresa especializada en el desmantelamiento de centrales, tal como confirmaron a EL MUNDO fuentes cercanas al regidor, corroboradas por el PP.
El primer edil de Yebra se incorporó a Zorita en un puesto de nueva creación que afectaba a la actividad exterior de la central. Su labor incluía ser responsable de las comunicaciones con organismos externos, instituciones, colectivos y municipios, además de la preparación de informes y comunicaciones oficiales.
Tras el cierre de la planta, decretado en 2002 con el PP en el Gobierno y ejecutado en 2006 ya con el PSOE, alrededor de una veintena de trabajadores pasaron a pertenecer a una comisión de servicios dependiente, en última instancia, de Enresa. Fue a este grupo al que se incorporó Juan Pedro Sánchez.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Yebra aprobó el pasado jueves su candidatura oficial, la primera de un municipio en España, al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Enresa, junto al Consejo de Seguridad Nuclear, tiene el cometido de elevar un informe al Consejo de Ministros determinando la mejor candidatura para esta instalación.
Antes de ser empleado de una central nuclear, el alcalde yebrano no ejercía ninguna profesión. En realidad, trabajaba para una fábrica de confección de jerseys propiedad de un tío suyo. Este negocio, ubicado en la comarca sur de Guadalajara, acabó cerrando y fue entonces cuando Sánchez tuvo que buscarse otra salida laboral. En 2007, salió elegido alcalde de Yebra tras obtener el PP la mayoría absoluta.
Como se ve, son todo intereses creados. Por lo tanto, si hay pelas cualquier ciudad se puede acoger al mismo. Con el tiempo, ya veremos lo que ocurre con esos residuos, lo que pasa, es que, todos opinamos lo mismo, total de aquí a que pueda ocurrir algo, ya estaremos todos en el otro barrio. Así cualquiera, verdad??, dame pelas y dime tonto.
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