Lo esencial en el PP no es el código sino su aplicación.

Lo esencial en el PP no es el código sino su aplicación.

MARIANO RAJOY cumplió ayer su promesa de redactar un código de buenas prácticas para evitar que lo sucedido en el caso Gürtel pueda repetirse. Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad.

Entre otras cosas, el código del PP establece prohibiciones como aceptar regalos que vayan más lejos de la mera cortesía y obligaciones como separar las actividades públicas de las privadas. Todo ello es digno de encomio, pero difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de alguno de sus miembros. No es cuestión de ensañarse con ella, pero su elección para difundir esta propuesta podría hacer pensar que el PP no se la toma demasiado en serio.

Tampoco refuerza su credibilidad el pacto firmado por el PP ayer en Arrecife para desalojar al PSOE de la alcaldía mediante una alianza con el Partido Independiente de Lanzarote, varios de cuyos concejales están imputados por corrupción.

Entrando en el análisis de las medidas del código, algunas son avances indudables y otras meros principios tan obvios que ni siquiera habría que formular como el deber de «velar por el interés público», actuar con «eficacia y transparencia» o «evitar conflictos de intereses». Sí nos parece en cambio una buena idea obligar a los dirigentes a firmar una carta de compromisos éticos con una declaración jurada de bienes y también la creación de mesas de contratación formadas por dirigentes de diversos perfiles y regladas en sus procedimientos.

Esta última medida está pensada obviamente para evitar la repetición del caso Gürtel, donde la falta de controles propició contrataciones abusivas e irregulares. Es evidente que Rajoy pretende que no se vuelvan a reproducir estas prácticas, aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones a la trama de Correa y Álvaro Pérez.

El PP ya tenía un código de conducta, impulsado por Aznar en 1993, que hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra. Pero Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido.

El PSOE y otras formaciones tienen códigos de conducta similares, lo que no ha contribuido hasta ahora a dignificar la política porque todos sabemos que lo importante no es lo que se dice en esas normas internas sino cómo se aplican. Nadie necesita que se le explique en qué consiste la corrupción. Lo importante es que las cúpulas de los partidos actúen de forma rápida e inflexible contra los militantes que son sospechosos de prácticas deshonestas o enriquecimiento ilícito, en lugar de buscar pretextos para mantenerlos en sus cargos, como está sucediendo y ha sucedido en tantas ocasiones. En este sentido, la iniciativa de Rajoy es buena, pero pronto habrá oportunidades para constatar si la dirección del PP es coherente con los compromisos asumidos en este código.