viernes, 11 de diciembre de 2009

La deuda pública amenaza con recortar el sueldo a los funcionarios españoles


ENTRE UN 5% Y UN 20%
La deuda pública amenaza con recortar el sueldo a los funcionarios españoles
La crisis de la deuda pública ya se ha materializado en recortes salariales de entre el 5% y el 20% para los funcionarios de Grecia, Irlanda, Letonia y California... Las cuentas de España ya están en el punto de mira con lo que no se puede descartar medidas similares a corto o medio plazo.

2009-12-11
Manuel Llamas

Por primera vez en muchos años, el mito del funcionariado público español (estabilidad de empleo y sueldo) está amenazado. La razón reside en el ingente despilfarro público aplicado por el Gobierno socialista con el ilusorio fin de reactivar la actividad económica.

El Estado registró un déficit de 59.310 millones de euros hasta octubre en términos de Contabilidad Nacional, el 5,63% del PIB, frente al déficit de 8.501 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Es decir, el descuadre de las cuentas públicas se ha multiplicado por siete en apenas un año. Los analistas no descartan que España cierre 2009 con un déficit superior al 10% del PIB. No obstante, el Gobierno está gastando el doble de lo que ingresa por vía fiscal.

La crisis de la deuda pública ya ha comenzado. El pasado año fueron las cuentas de los países emergentes de Europa del Este los más afectados por el estallido de la crisis económica y financiera, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) tuvieron que acudir al rescate mediante la concesión de préstamos de urgencia. Y ello, sin contar la quiebra técnica de Islandia.

En 2009, los problemas de la deuda pública subprime se han extendido a California, Dubai y Grecia, al tiempo que Venezuela, Ucrania y Argentina cuentan con una probabilidad de quiebra superior al 50%. El caso más preocupante, sin embargo, es el de Grecia, ya que es un país desarrollado que, además, forma parte de la Unión Monetaria (zona euro).

El posible default (suspensión de pagos) por parte del Gobierno helénico ha disparado la tensión en el mercado de bonos y ha extendido el miedo a otros países que cuentan con una situación similar. Dentro de la zona euro, es el caso de Irlanda y España que, junto a Grecia, lideran el déficit público en el seno de la Unión.

El desajuste de las cuentas públicas es, en estos momentos, la preocupación más importante del Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo fundamental consiste en mantener la estabilidad monetaria. La quiebra de países miembros ponen en riesgo, precisamente, dicha estabilidad.

La CE ya está tomando cartas en el asunto y sus últimos mensajes son muy claros. Las economías más débiles y con déficits insostenibles a corto plazo tendrán que aplicar un riguroso plan de ajuste. ¿Cómo? Recortando el gasto público y subiendo los impuestos.

Recortes presupuestarios

En este sentido, si hace meses la subida de impuestos aprobada por Irlanda avanzaba un aumento fiscal similar en España, tal y como finalmente aconteció, ahora el centro de atención se desplaza al recorte en el gasto público. Y en este plan, tanto Irlanda como Grecia ya han decidido rebajar el salario a sus funcionarios públicos, por lo que no se puede descartar una medida similar en España a corto o medio plazo.

Irlanda se enfrenta a "más dolor" después de que el Gobierno se comprometiera a continuar los recortes público con el fin de calmar la preocupación de los inversores acerca de la sostenibilidad de sus cuentas públicas. El ministro de finanzas irlandés Brian Lenihan, anunció el pasado miércoles que el Gobierno recortará el salario a profesores, enfermeras y policías entre el 4% y el 6% en 2010.

Esta medida está contenida en su nuevo plan de ajuste presupuestario, que prevé recortar el gasto corriente en unos 6.000 millones de euros durante los dos próximos ejercicios. Su objetivo es reducir su déficit público desde el 11,7% previsto en 2009 hasta el 2,9% en 2014. Incluso el primer ministro, Brian Cowen, verá reducido su sueldo en un 20%, mientras que los ministros sufrirán un recorte del 15% para dar ejemplo al resto de funcionarios y altos cargos.

Simon Barry, economista del Ulster Bank de Dublín indica que "el presupuesto distribuye una gran cantidad de dolor, pero la realidad es que aún queda más por venir". Irlanda se verá obligada a drásticos recortes en el agsto público en los siguientes ejercicios para cumplir con el Tratado de Estabilidad de la UE (déficit máximo del 3%).

Rebajas de rating

Las agencias de calificación de riesgos ya se preparan para rebajar el rating (nota) de la deuda pública irlandesa, que perdería así su máxima calidad (A), para pasar a segunda división (B), tal y como le acaba de suceder a Grecia. España será la siguiente, según Standard & Poor´s.

Ante esta rebaja crediticia, el Gobierno griego ha decidido recortar el salario de los funcionarios públicos un 10%, entre otras muchas medidas de recorte presupuestario que está estudiando con el fin de dar una imagen de credibilidad a los inversores (reducción de servicios y prestaciones sociales).

El diferencial de sus bonos a 10 años con los de Alemania se han disparado por encima de los 200 puntos básicos, encareciendo aún más el coste de su financiación pública. En el caso de Irlanda, el diferencial con el bono alemán se sitúan ya por encima de los 190 puntos básicos.

La agencia de calificación Fitch también ha situado en perspectiva negativa (fase previa a la rebaja del rating) a los países bálticos debido a sus abultados déficits. Estonia, Letonia y Lituania se sitúan en el rango B de rating (según división), y están a las puertas del bono basura (esto es, alta probabilidad de impago).

Estos países han sufrido una dura contracción económica. Y la amenaza sobre su deuda se intensifica pese a que no cuentan con un nivel de endeudamiento excesivamente elevado. De hecho su nivel de deuda es similar al de España: según Fitch, la deuda pública letona ascenderá al 61% del PIB a finales de 2011, y la de Lituania hasta el 47%. La deuda de España superará el 60% del PIB en 2010, según Economía.

En este sentido, el Gobierno letón ya decidió a mediados de año recortar un 10% las pensiones de los jubilados y un 20% el salario a los funcionarios para reducir su déficit y facilitar el rescate financiero del FMI y la UE. Ucrania, sin embargo, no ha aplicado dichos recortes y, como resultado, el FMI acaba de anunciar que no concederá el cuarto tramo de financiación concedido al país báltico (unos 3.500 millones de dólares).

Hasta el Gobierno de California se ha visto obligado a desmantelar el Estado de Bienestar ante la quiebra técnica de sus cuentas públicas. ¿Le pasará lo mismo a España? Lo cierto es que, hasta el momento, la mayoría de países afectados por la crisis de deuda pública han tenido que recortar gasto corriente y recursos para inversión. Recortes presupuestarios que se están materializando en rebaja de salarios para los funcionarios públicos, así como en recortes e incluso eliminación de servicios sociales.

España, el "país más vulnerable"

España, aparte de contar con uno de los déficits públicos más elevados de la Unión, ya está siendo amenazada por nuevas rebajas en su calidad crediticia. Es más, un reciente informe de Credit Suisse lo deja muy claro al afirmar que España es "uno de los páises más vulnerables". "El crecimiento de la productividad ha sido de cero desde hace 20 años, por lo que España no puede innovar como vía de salida de la crisis".

El sector de la vivienda todavía sigue sobrevalorado, ya que no se ha producido aún el necesario ajuste de precios. Un sector que, en plena burbuja inmobiliaria, llegó a representar de forma directa casi el 20% del PIB. Además, el banco suizo señala que cuenta con un elevado sobreendeudamiento privado.

Por ello, "en nuestra opinión, la considerable reducción de los desequilibrios fiscales de España requiere de acciones políticas importantes que aún no han materializado". La única duda por despejar es qué servicios públicos decidirá recortar el Gobierno cuando el necesario ajuste presupuestario se convierta en un imperativo legal impuesto por la CE. Hasta el momento, los afectados ya han recortado el salario a los funcionarios. A la luz de esta experiencia, medidas similares no se pueden descartar en España.

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