Un policía antiterrorista francés dice que ETA funciona gracias a la extorsión

Un policía antiterrorista francés dice que ETA funciona gracias a la extorsión

El policía antiterrorista francés Jean Pargade dijo hoy, en el juicio contra siete presuntos miembros del aparato militar de la banda, incluido el que fue su jefe, Juan Ibón Fernández Iradi.' que ETA funciona gracias a la extorsión' y que es por ese mecanismo como obtiene 'lo esencial' de sus ingresos.

Pargade, que como comandante de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) dirigió las operaciones de arresto de los encausados en diciembre de 2003 y ahora está retirado, explicó ante el Tribunal de lo Criminal de París que entonces en el seno de la organización terrorista 'se había tomado la decisión de racionalizar la extorsión'.

Eso explica que a Fernández Iradi, 'Súsper', en el piso franco de Mont de Marsan que ocupaba junto a dos de los inculpados, Patxi Abad Urkixo y Garazi Aldana, se encontraran ficheros con 125 empresarios a los que ETA había reclamado el llamado 'impuesto revolucionario' y que, por no haber pagado, sus casos habían sido transferidos al aparato militar desde la estructura encargada del cobro dentro del aparato político (Gezi).

Para ilustrar la implicación del aparato militar en el chantaje para obtener el 'impuesto revolucionario' reclamado a los empresarios vascos y navarros, el policía francés recordó que durante el año 2003 en que se centra el actual proceso ETA cometió atentados contra ocho empresas.

También precisó las fases del mecanismo de extorsión, que pasaban por el envío por Gezi de hasta tres cartas reclamando el dinero, la última con amenazas en el caso de que el empresario en cuestión no hubiera accedido al chantaje.

A partir de ahí, era cuando la banda terrorista decidía transferir el dossier al aparato militar, encargado de organizar acciones de presión contra las víctimas que se negaban a pagar, lo que podía traducirse en un secuestro 'exprés' o un atentado contra el empresario en cuestión, contra su familia o contra sus bienes.

De hecho, las 125 fichas requisadas a 'Súsper' estaban clasificadas en tres grupos: una de los secuestros 'exprés' y otras dos con la categoría 'egurra' que se distinguían porque ETA ponía en la última a aquellos a los que recriminaba haber revelado a la policía que eran víctimas de extorsión.

Pargade señaló que las víctimas concernidas por esas fichas fueron interrogadas en España y ninguna admitió haber pagado.

Tanto los tres encausados capturados en Mont de Marsan el 4 de diciembre de 2003 como los cuatro arrestados en una casa de Lons, en las afueras de Pau cinco días después, están acusados de tentativa de extorsión de fondos, entre otros cargos, incluido el de formar parte de una organización terrorista.

Los cuatro de Lons son Gorka Palacios Alday, -definido por el comandante retirado como 'el jefe de los comandos de ETA' en ese momento-, Juan Luis Rubenach Roiz -presentado como el responsable de la logística del aparato militar-, Íñigo Vallejo Franco y José Miguel Almandoz Erviti.

El policía puntualizó que después de la caída en septiembre de 2002 de la cúpula de ese aparato militar, al ser detenidos José Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, Fernández Iradi había tomado el relevo, ocupándose de la dirección administrativa, mientras Palacios Alday pasó a ser el responsable operativo.

Igualmente contó que después de ser arrestados estos dos últimos, documentos requisados a la banda pusieron en evidencia que no sólo formaban parte del comité ejecutivo de ETA -la máxima instancia de dirección-, sino que en la cárcel habían integrado una comisión en la que están los antiguos jefes de los diferentes aparatos.

Abad Urkixo, Fernández Iradi y Almandoz Urkixo se negaron a contestar a preguntas del fiscal, Olivier Bray, algo que hacen de forma sistemática los etarras en los juicios, pero este último sí contestó -en español- a una cuestión de su abogada, Amaia Recarte, sobre por qué su pasaporte revelaba más de una quincena de pasos entre Austria y Eslovaquia a finales de los años 90.

Almandoz, que pretendía desmentir las sugerencias de Bray de que esas entradas en Eslovaquia tal vez tenían que ver con tráficos de armas, explicó que en ese tiempo trabajaba de camionero para la empresa de su hermano, que aprovisionaba una planta de Volkswagen cerca de Bratislava.

'La realidad es mucho más coherente que las lucubraciones del procurador', replicó el encausado al fiscal.