EL PP HA SOLICITADO personarse en el caso Faisán

EL PP HA SOLICITADO personarse en el caso Faisán, en el que se investiga el chivatazo policial a Joseba Elosúa, uno de los jefes de la red de extorsión de ETA, en 2006, durante la tregua de la banda que dio lugar a la negociación con el Gobierno. La investigación judicial del chivatazo, que fue desvelado por EL MUNDO, ha derivado en escándalo, tras la petición de archivo de la causa por parte de la Fiscalía. El asunto está en manos de Garzón que tiene que optar por darle carpetazo o continuar una investigación insatisfactoria e inconclusa. Este periódico ha venido dando cuenta de forma exhaustiva tanto de los detalles del sumario como de las dos hipótesis incriminatorias que incluso se deducen del informe de la Fiscalía que pide el archivo, a pesar de considerar acreditado que el chivatazo se produjo y que partió del ámbito policial. La primera hipótesis es que el jefe de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, ordenó a un subordinado -el jefe superior del País Vasco- que avisara a Elosúa de la operación policial. Ambos mandos policiales fueron investigados y sus teléfonos pinchados durante más de dos años, a pesar de lo cual la Fiscalía asegura que no se ha podido probar su participación en el delito.
La segunda hipótesis, a la que también se llega a partir de los datos que figuran en el sumario, es que el autor del chivatazo fuera el propio responsable encargado de la investigación, que fue asimismo el jefe de la operación policial contra la red de extorsión de ETA. El informe fiscal sembraba dudas acerca de la actuación de Carlos G.. Hay que recordar que el juez socialista Garzón apartó de la investigación a la Guardia Civil y la puso en manos del citado inspector jefe que hace unos días difundió una declaración en la que criticaba con dureza a la Fiscalía y solicitaba que la investigación no sea archivada. Con todos estos datos encima de la mesa, parece bastante claro que ni el juez ni la Fiscalía han hecho bien su trabajo, mientras un sector de la Policía se dedicaba a encubrir el infame comportamiento de los autores y cómplices de la filtración. La posibilidad de que este gravísimo delito pueda quedar impune debido a esta mezcla de indolencia e indecencia ha escandalizado a la opinión pública, que demanda una solución satisfactoria por respeto al Estado de Derecho.

En este contexto, el PP ha decidido personarse en la causa ejerciendo la acción popular para que se siga investigando. Mariano Rajoy aseguró que «los españoles tienen derecho a saber la verdad» y que no va a aceptar «un carpetazo, estén por el medio Garzón y el Gobierno, o el Gobierno y Garzón». En el escrito, dirigido al citado juez, el PP justifica su personación en la «defensa de la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de todas las víctimas del terrorismo». Aunque pueda exponerse a que su petición sea rechazada -algunos juristas entienden que la acción popular sólo puede ejercerse a través de una querella, que en una causa ya iniciada como la del chivatazo no tiene cabida- el PP está cumpliendo con su obligación al tratar de impedir que un delito tan grave quede impune