Mintegi censura la «represión» contra ETA e incurre en un supuesto de ilegalización

JAVIER G. NEGRE BILBAO 30/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

Bildu «no puede aplaudir» las detenciones

La detención de la jefa del aparato logístico-militar de ETA, Izaskun Lesaka, y de su lugarteniente, Joseba Iturbe, volvió a demostrar ayer qué se esconde detrás del afable rostro de Laura Mintegi. La líder de EH Bildu afirmó que «no puede aplaudir» esta «operación de represión» y acusó al Gobierno de «no tener ni idea» de lo que es un proceso de paz por haber detenido a «quienes leyeron el comunicado» del cese definitivo de la banda. Unas declaraciones que «cuestionan el deber de las fuerzas policiales de perseguir» a ETA y que suponen, como recordaron la AVT y Dignidad y Justicia, una de las conductas que podrían conllevar su ilegalización, según la doctrina del TC.
Mintegi, lejos de celebrar el éxito policial, tachó la actuación de «represiva» y emplazó al Ejecutivo a mirar el ejemplo de Colombia donde la cúpula de las FARC «se sienta con el Gobierno a hablar» cuando «podría haber sido detenida 50 veces».
En declaraciones a Radio Euskadi, la representante de EH Bildu aseveró que estos arrestos pueden «retrasar» las soluciones en el ámbito de los presos de ETA, pero «no van a detener o anular» el proceso de paz «porque la voluntad de la sociedad vasca es determinante». Además, Mintegi manifestó que «el 70% del Parlamento Vasco quiere la paz y solo un 12% se empecina en medidas represivas», en alusión a los parlamentarios populares.
El diputado nacional de Amaiur Sabino Cuadra ahondó en esta misma línea al subrayar que las detenciones, «lejos de facilitar una solución y un relajamiento de la situación política existente, apuntan a una dirección claramente contraria».
Desde el PNV el presidente del partido en Vizcaya, Andoni Ortuzar, reprochó al Gobierno que «sólo se avance» en el ámbito de las detenciones de miembros de ETA en vez de hacerlo también en lo relativo a flexibilizar la política penitenciaria.
«No cuestionamos las detenciones, pero sí cuestionamos que sólo se avance en ese ámbito y se hayan apartado o no se toquen otros ámbitos que creemos que son urgentes de acometer», expresó Ortuzar, que lamentó en ETB que el Ejecutivo del PP «no haya dado ni un solo paso» en lo que respecta a la política penitenciaria cuando sí debería hacerlo.
La consejera de Interior en funciones del Gobierno vasco, Idoia Mendia, sí elogió la «brillante operación» desarrollada por la Policía francesa y advirtió a la banda de que «ha llegado el momento de disolverse».

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recordó que se trata de una actuación «muy importante» con la que el Gobierno demuestra que está «vigilante» y que sigue trabajando para conseguir que ETA acabe disolviéndose «completamente».

Por un gran pacto contra el independentismo

ROSA DÍEZ 29/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

La portavoz de UPyD exige a PP y PSOE que emprendan juntos de nuevo un viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión para denunciar el delirio secesionista catalán y dejar claro que no consentirán que se vulnere la ley
Hubo un tiempo en que en España se sabía que fuera de la ley no hay democracia; además, funcionaban los pactos de Estado y las cosas serias -la política antiterrorista, el modelo territorial del Estado, la política europea o la política exterior- no estaban sometidas al albur del resultado electoral.

Aprendimos en la Transición que el triunfo de la tercera España dependía de que las dos primeras se entendieran. Nuestros padres, que sufrieron las consecuencias de la guerra fratricida, apostaron por que no se repitiera la historia en sus hijos o en sus nietos. Y eso nos enseñó a buscar el acuerdo sin señalar vencedores o vencidos. Y supimos entender que todos los proyectos políticos son respetables y discutibles, con dos únicas condiciones: que son ilegítimos todos aquellos proyectos que, para triunfar, requieran eliminar al adversario o situarse fuera de la ley.
Conozco las consecuencias de dar la batalla contra el totalitarismo nacionalista. Como se ha explicado en muchas ocasiones, no es el método empleado por los terroristas lo que resulta ilegítimo; lo ilegítimo es el propio objetivo, en la medida en que sólo puede triunfar aplicando métodos fascistas.
La segunda causa de ilegitimidad de un proyecto político es la falta de respeto a la ley. Si, para que triunfe una idea en una comunidad política, ha de prescindirse del respeto a las reglas del juego, es la idea misma la que no merece ser respetada ni contrapuesta como una más en el juego democrático.
Esto segundo es lo que está ocurriendo en Cataluña con el mal llamado debate abierto por los nacionalistas alrededor de la independencia. A estas alturas nadie se engaña sobre los verdaderos objetivos del viaje de Mas a La Moncloa; nadie puede pensar que Mas acariciara la idea de que Rajoy fuera a ceder a la primera al chantaje. No estamos en esa época de vacas gordas en la que Mas fue a Moncloa para escuchar atónito cómo el presidente Zapatero le animaba a seguir adelante con un Estatuto que era, en sí mismo, la ruptura del pacto constitucional. Tampoco está Rajoy en situación de hacerlo, con todos los ojos europeos fijos en nosotros, en nuestro desastre de modelo territorial, en la ruptura de nuestro mercado interior, en los diversos modelos fiscales que pueblan nuestro país, en las dificultades para cumplir el déficit… Ni queriendo -que no sé si quería- podía Rajoy darle el plácet a Mas.
Mas sabía -y quería- la respuesta de Rajoy: venga, vamos a hablarlo… No esperaba, ni obtuvo, una respuesta tajante, ésa que ha tardado más de un mes en darle a través de los medios de comunicación. Deseaba distraer al presidente, provocar cábalas: «Se va a estrellar»; «Va a ser el siguiente Ibarretxe»; «Está superado por los acontecimientos»… Y mientras la ingeniería de comunicación monclovita se apañaba en dar ese mensaje tranquilizador: «No llegará la sangre al río», «Cataluña no es un problema…», la bola seguía creciendo y nos encontramos con la convocatoria de unas elecciones que son cualquier cosa menos unas elecciones autonómicas.
En Cataluña han convocado un plebiscito, y sería un enorme error abordar ese reto como si se tratara de una campaña electoral de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ni la economía, ni los recortes, ni el funcionamiento de la sanidad, la educación o las infraestructuras… van a motivar que uno solo de los ciudadanos llamados a la urnas se mueva de su casa. La pregunta que nadie querrá hacer explícitamente durante la campaña es la única que todos interpretarán cuando el recuento de las papeletas esté finalizado: ¿Está usted a favor o en contra de la independencia?
Quienes creemos en el imperio de la ley y sabemos que todo lo que afecta a una parte de España nos afecta en primera persona y tenemos, por tanto, la obligación de pronunciarnos, hemos de dar la batalla contra el silencio cómplice o cobarde; contra el determinismo, contra la mentira y contra el miedo. No deberemos consentir que los nacionalistas -como en una versión catalana de Psicosis- saquen la muerta a pasear cuando les venga en gana. Lo que hemos de hacer es abrir el desván y que se vea el espectro. Enseñárselo a todos los catalanes y a todos los españoles. Y llevarlo a Bruselas y airearlo bien para que todos nuestros socios lo vean, lo palpen y lo huelan de cerca. Y para que se pronuncien sobre la conveniencia o no de meter ese espectro en su desván.
Formamos parte de la UE. No debiéramos consentir que en el Parlamento y en otras instancias europeas la iniciativa la tomen quienes quieren romper el vínculo de ciudadanía, quienes quieren excluir a una parte de los españoles de esta comunidad democrática llamada España. No es la primera vez que los que quieren romper la convivencia entre españoles llevan a las instancias europeas lo que llaman la «internacionalización del conflicto». Y no sería tampoco la primera vez que la respuesta de quienes han de defender la legitimidad y la verdad en nombre de todos los españoles se haga de esperar. Ha llegado la hora de reaccionar ante la campaña de desprestigio de España llevada a cabo por el Gobierno de Cataluña y por diversos diputados del Parlamento Europeo, que, por cierto, han sido elegidos en circunscripción única nacional, por todos los españoles.
Esta batalla por la legitimidad democrática supera la acción de cualquier partido, incluso la del propio Gobierno de la Nación. Más allá de las legítimas aspiraciones partidarias, de la lucha electoral en que cada cual intentará obtener los mejores resultados, creo que, por patriotismo constitucional -y por pura supervivencia-, debemos concertar una respuesta europea entre todos los partidos políticos que no estamos dispuestos a que, en nombre de sentimientos tribales superados por el derecho de ciudadanía, nos quieran obligar a renunciar a una parte de lo que somos.
El 31 de enero de 2001, sendas delegaciones del PSOE y el PP, encabezadas por Luis de Grandes, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba (sí, como lo oyen), viajaron a Bruselas a defender ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Ambos partidos, juntos, hablaron no sólo con Prodi y Fontaine, sino que explicaron el acuerdo a los grupos parlamentarios europeos. El acuerdo, consecuencia de un gran pacto para acabar con ETA y excluir de la vida política a todos sus cómplices, había sido duramente criticado por los partidos nacionalistas, que siempre encuentran acogida en las almas cándidas del Parlamento Europeo. Por eso, los dos partidos que pugnan en España por la alternancia quisieron que los socios europeos vieran que en esta materia no había disputa, sino grandeza y sentido de Estado.
Ha llegado la hora de que PP y PSOE hagan un nuevo viaje al Parlamento Europeo y a la Comisión. Que vayan y expliquen, por si hubiera alguna duda, que España es un miembro de la Unión comprometido con la defensa de los valores proclamados en nuestra Constitución y también en la europea. Que preservaremos el derecho al libre albedrío de nuestros ciudadanos y que no consentiremos que dentro de nuestras fronteras se vulnere la ley.
Cuanto antes lo hagamos, antes se frenará este delirio que nos distrae de lo importante para exacerbar los más bajos sentimientos humanos. Los millones de españoles parados, desahuciados, sin esperanza… están impotentes. Hagan política con mayúsculas, pónganse por delante y actúen. Demuestren que aún pueden ser útiles para los ciudadanos.
Y, si quieren, aquí nos tienen, para lo que haga falta.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión, Progreso y Democracia.

Arrestada la jefa de las armas que ETA no entrega

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID 29/10/2012 ESPAÑA /El Mundo


La Guardia Civil se incautó de cinco sacos de material que ocultaba con su 'segundo'
El sábado por la tarde, Izaskun Lesaka, la jefa del desistido aparato logístico-militar de ETA, se cansó de estar en la habitación del aparthotel con su pareja y lugarteniente, Joseba Iturbide, y se fue de compras tranquilamente por Mâcon, una localidad no muy grande situada a 70 kilómetros de Lyon. Se había cortado el pelo y se lo había teñido de rubio, así que quizá pensó que no tenía de qué preocuparse. No se dio cuenta, pero durante todo su paseo estuvo bien acompañada por el grupo de guardias civiles que les había localizado a ambos hacía una semana.
Regresó -Iturbide se negó a pisar la calle durante el tiempo en el que estuvieron alojados allí y tampoco quedó con nadie-, se acostó y pudo dormir hasta las dos de la madrugada -según la hora recién cambiada-, cuando las unidades de intervención francesas desplazadas desde París irrumpieron en su habitación y detuvieron a ambos. Ninguno de los dos se resistió entonces, a pesar de ir armados (en contra de lo pactado con los verificadores internacionales que aseguraron, hace más de un año, que los miembros de ETA ya no iban a llevar armas). Probablemente porque no se lo esperaban ni por asomo.
Los etarras saben que las leyes francesas impiden a los agentes entrar en un domicilio antes de las seis de la mañana; sin embargo, el sábado por la noche, los miembros de la RAID francesa, el equivalente a los GEO españoles, que llevaban apostados desde las 12 de la noche en el exterior de las instalaciones, recurrieron al llamado procedimiento flagrante, que les permite saltarse este inconveniente cuando se trata de hoteles y residencias.
Según las fuentes consultadas, la jefa del aparato logístico militar de ETA y su lugarteniente fueron localizados gracias al control administrativo de establecimientos hoteleros, que hace saltar las alarmas cuando los inquilinos aportan documentación falsa, y éstos la llevaban y habían aparcado un coche robado.
El Ministerio del Interior informó ayer de que, con el arresto de Lesaka, «se acaba con la responsable de la parte más peligrosa» de la banda terrorista, con la encargada de la «diezmada estructura operativa de la que depende la subsistencia de la banda» bajo cuyo dominio se encuentran «todas las reservas de armas y explosivos de la banda». A su entender, ninguno de sus posibles sustitutos tiene ni su experiencia ni su «violenta personalidad».
Según las fuentes consultadas por este periódico, su sustituto podría ser Iñaki Reta Frutos, un terrorista de 51 años, cuya fotografía fue distribuida hace dos años por Policía y Guardia Civil como uno de los etarras más buscados. Entre 1982 y 1996 cumplió condena por pertenencia al comando Mugarra. Cuando salió, se incorporó al entramado legal de la banda, pero tuvo que huir por ayudar a escapar a miembros de la organización que se veían perseguidos tras cometer atentados.

Respecto a Lesaka, a pesar de que el Ministerio del Interior se resiste a clasificarla como jefa del aparato militar porque, desde el cese definitivo de la violencia, ya no hay comandos como tales y, por lo tanto, no hay aparato militar al uso, lo cierto es que ésa fue la función que heredó de Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, y, de hecho, ella es la que tiene el control de los zulos y las armas que la banda se resiste a entregar.

Ayer tuvo que presenciar el registro de su habitación hasta las cuatro de la tarde. Se resistió levemente a subir al coche de los policías franceses. Mucho más lo hizo Iturbide, quien forcejeó todo lo que pudo con unas bermudas tapándole la cabeza hasta ser introducido a la fuerza en su transporte hacia el calabozo. Aunque su escenita tuvo efectos, porque los agentes se dejaron los cinco sacos del material que se habían incautado, incluidos los pendrives, las máquinas de fotos, ordenadores, un DNI y una pistola. Estaban tan a la vista que los periodistas pudieron husmear en todo ese material hasta que la propietaria del hotel llamó a los investigadores para que pasasen a recoger lo que habían olvidado.
Á. E. MADRID 29/10/2012 ESPAÑA

JOSEBA ITURBIDE

El huido inexplicable

Joseba Iturbide, Makarra, nació en Navarra en 1977. Huyó a Francia en enero de 2008 tras la desarticulación por la Guardia Civil del comando Elurra, que atentó a finales de 2006 en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, asesinando a los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. De esta acusación se libró porque el juez Santiago Pedraz no encontró motivos para procesarlo
Sí se le acusó de haber preparado otro atentado dirigido contra el complejo de Azca en el centro de Madrid.
Fue absuelto porque la Audiencia Nacional consideró insuficiente la declaración realizada ante la Policía por el etarra Mattin Sarasola. Se le puso en libertad a pesar de encontrarse procesado desde diciembre de 2008 por el traslado de una furgoneta bomba en la localidad castellonense de Cuevas de Vinromá.
Huyó y se incorporó a las estructuras de la banda. Interior también cree que es uno de los etarras que participó en el tiroteo del monte Atxirulegi durante la tregua.

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN 29/10/2012 ESPAÑA

EH Bildu se solidariza con los etarras por las 'incomprensibles' detenciones

Permach minimiza la operación: «Los detenidos siempre son el número uno de ETA»
Cada operación policial contra ETA es respondida desde hace un año al instante a modo de protesta por la izquierda abertzale, que se escuda siempre en el cese de la actividad armada de ETA para denunciar las detenciones de miembros de la banda terrorista y alertar de que estos arrestos van en contra de la resolución del «conflicto político» vasco.
Pero dada la envergadura del último golpe a ETA, la portavoz aber-tzale y parlamentaria electa de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, elevó ayer el tono de denuncia y censuró que es «totalmente incomprensible» que transcurrido un año desde el comunicado del fin de la violencia de ETA «se continúe por la vía de las detenciones políticas» y por las «medidas de excepción» contra los etarras.

Incluso fue más allá de las palabras de denuncia al solidarizarse con los familiares de los detenidos Izaskun Lesaka y Joseba Iturbide, a quienes «la Policía francesa relaciona con la organización ETA». También tuvo un gesto de apoyo con los allegados del terrorista Saul Curto, arrestado el lunes en otra operación policial en suelo francés.
Aunque la liturgia es la misma ante cada arresto, el último golpe policial a ETA ha causado una mayor amargura en las filas abertzales. Consciente de la importancia de la detención de la responsable de las reservas de armas y explosivos, Izaskun Lesaka, y su lugarteniente Joseba Iturbide, la antigua Batasuna trató de quitar relevancia a la operación realizada en Francia para restar méritos a la intervención policial.
El dirigente abertzale Joseba Permach recurrió a su cuenta en twitter para, con amargura, desdeñar la operación policial. Se quejó de que «los detenidos de ETA siempre son el número uno y la facción más dura». En otro comentario protestó porque «no se ruborizan después de repetir continuamente la misma cantinela». Permach añadió la denuncia política de que «un año después del fin de ETA», los gobiernos español y francés, «en vez de solucionar [el conflicto], siguen deteniendo».
Otra pata de la coalición EH Bildu, Aralar, señaló que es el momento de «abandonar las detenciones y priorizar el diálogo, como en otros procesos de paz en el mundo». Aludió a las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que dejan en evidencia a los estados español y francés por el «inmovilismo en el que están instalados».
En las filas constitucionalistas, las reacciones fueron muy distintas. Aun así, dentro de la satisfacción por una operación que deja «diezmada» a ETA, UPyD lanzó un dardo al Gobierno. Su líder, Rosa Díez, tiró de sarcasmo y dijo que está a la «espera» de que el ministro de Interior explique con su «habitual locuacidad» los motivos por los que los dos etarras detenidos iban armados en el momento de su arresto. Díez felicitó a la Guardia Civil y la Policía Nacional, que «no se dejan confundir con la propaganda y siguen defendiendo a la democracia de sus enemigos».
Leopoldo Barreda, portavoz adjunto del PP en el Congreso, dijo que es «una operación que descabeza a ETA». Y Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, advirtió a los terroristas de que van a estar en el punto de mira de las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras no se disuelvan.

Batasuna ordena buscar acuerdos con los socialistas navarros

FERNANDO LÁZARO MADRID 28/10/2012 ESPAÑA /El Mundo

Tras su éxito electoral en el País Vasco, quiere fortalecerse en la Comunidad Foral

Pasito a pasito, la izquierda abertzale sigue su marcha tratando de conseguir sus objetivos políticos. Y el resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo en el País Vasco -donde cosechó 21 diputados, convirtiéndose en la segunda fuerza política del futuro Parlamento, sólo superada por el PNV- le ha dado alas. Quiere correr, acelerar. Está en su momento y lo quiere exprimir al máximo. Pese a que sus intenciones y planes están elaborados desde hace meses e incluso años, los resultados de Bildu en los comicios del pasado domingo les lleva a querer meter la quinta y hasta la sexta marcha. Y ahora, su objetivo es Navarra; extender su empuje nacionalista y abertzale en la Comunidad Foral.
Y, para ello, dos ideas fuerza: el gran respaldo obtenido por las tesis soberanistas en el País Vasco y debilidad del Partido Socialista, que tratarán de aprovechar. «Cambio ¡Ya!» es su consigna.

Con el fin de dinamizar y agilizar la puesta en marcha de la maquinaria electoral, los abertzales de Navarra han elegido un comité para preparar el asalto electoral a la Comunidad Foral a través de Euskal Herri Bildu. Todo el entramado de la izquierda abertzale sigue en manos de Batasuna y de sus antiguos responsables. «Nada nuevo», como explican fuentes políticas conocedoras de la realidad de Navarra desde hace décadas.

Ese comité será el encargado de ir preparando la situación de la izquierda radical ante un posible adelanto electoral en Navarra. Ese órgano se denominará Voces para el cambio (Aldaketaren Ahotsak). Los radicales trabajan con la hipótesis de que a UPN no le quedará más remedio que adelantar los comicios a 2013. Incluso, entienden que se celebrarán en el mes de marzo.
Consideran que la inestabilidad política es clara, que el gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro, liderado por Yolanda Barcina, tiene casi fecha de caducidad y que deben aprovechar la velocidad de la ola del éxito vasco para alcanzar un resultado electoral que les permita ampliar el reto soberanista a Navarra. Para ello han conformado este nuevo comité del que formarán parte, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al nuevo complejo abertzale, destacados e históricos miembros del entramado de ETA, algunos de ellos, incluso, condenados por la Justicia con delitos de sangre. Estará integrado por cuatro radicales: dos llevarán el peso político y los otros dos, la parte de comunicación.
Batasuna tiene claro que uno de sus principales objetivos políticos de los próximos meses debe ser acercarse al Partido Socialista de Navarra. Entiende que los socialistas en España están en un momento de gran debilidad y que Navarra no es una excepción. Según consta en documentos internos de la izquierda abertzale elaborados a principios de año, a los que ha tenido acceso este periódico, este acercamiento es algo que está dentro de la cabeza de los dirigentes radicales desde de hace bastante tiempo. La primera razón: para romper cualquier nexo que pueda volver a unir a los socialistas con la Unión del Pueblo Navarro. Quieren llevar a término el viejo refrán de divide y vencerás.
«Sumergidos en una incapacidad para frenar su tendencia a la baja. Manteniendo la actual línea política difícilmente podrán conseguir parar el desangre que se acelera de elección en elección», analizan en sus documentos internos los responsables de la izquierda abertzale.

«Esta situación aumenta sus contradicciones internas y cabe pensar que esas contradicciones irán en aumento los próximos meses». En cuanto a lo que Batasuna denomina el «proceso», asegura que los socialistas «parece que quieren hacer algún gesto, mostrando su disposición a hablar con Bildu». «De cualquier forma, las contradicciones internas del PSN abrirán nuevas posibilidades en diferentes instituciones para alcanzar acuerdos plurales que dejen en minoría a UPN-PP. PSN tratará de sacar el mayor beneficio posible en aquellas instituciones donde tiene la 'llave' y es nuestra responsabilidad trabajar acuerdos beneficiosos para la mayoría de la sociedad y en el camino del verdadero cambio político y social».
F. L. MADRID 28/10/2012 ESPAÑA
El PSN sigue con sus mensajes contrapuestos

Uno de los ejes de actuación de los abertzales es aprovechar el momento político débil que atraviesa el PSOE-PSN. Y para ellos es muy importante que la formación socialista, de forma continua, esté mandando mensajes contradictorios sobre su política en el País Vasco y Navarra. El último episodio, con motivo de la participación del alcalde de Villava (de Bildu) en actos en favor de asesinos de ETA, ha provocado aún más desconcierto.
Después de trascender que el primer edil de la localidad vecina de Pamplona participó en actos en favor de presos condenados por asesinato, como Txetxu Barrios, condenado por la muerte del matrimonio Jiménez Becerril, el PSN se puso de medio lado. UPN y PP optaron por presentar en el Parlamento de Navarra una cuestión de reprobación contra el edil. Pero sin el apoyo del PSN era imposible sacar la iniciativa adelante. Y el PSN rechazó actuar contra el alcalde que aplaudió a los asesinos.
La que sí tomó decisiones sobre esta actuación de Gastearena fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, a petición de Teresa Jiménez Becerril y tras las informaciones publicadas por EL MUNDO, decidió abrir diligencias contra este alcalde de Bildu ante la posibilidad de que haya cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo

Una asesora de Amaiur investigada como topo del 25-S en el Congreso

• FERNANDO LÁZARO MADRID 26/10/2012 PORTADA/El Mundo

E.M., habitual en las protestas 'abertzales', proporciona datos reservados de los diputados al movimiento Rodea el Congreso

La Policía lo tiene claro. El movimiento 25-S cuenta con datos internos del Congreso. Además de las actividades parlamentarias, que son de conocimiento público, sus dinamizadores reciben información reservada desde la sede del Parlamento. Y los agentes de los servicios policiales tienen indicios que les hacen sospechar que este topo está vinculado a la izquierda abertzale.

Según explicaron fuentes policiales directamente implicadas en estas pesquisas, la informadora es, en concreto, asesora del Grupo Mixto, del que forma parte la coalición abertzale Amaiur, identificada por las iniciales E. M. De hecho, acotaron aún más y aseguraron que trabaja para los radicales y utiliza su posición para favorecer a los manifestantes del movimiento Rodea el Congreso.

Además de detallar a los promotores de las concentraciones las agendas parlamentarias con mucha anticipación, esta asesora, según los investigadores, habría proporcionado también por dónde entran y salen con más frecuencia sus señorías y, fundamentalmente, sus horarios, además de algunos datos más restringidos que los policías tratan de evitar que salgan aún a la luz.

Una vez que los servicios de Información han podido avalar la sospecha de que esta asesora de Amaiur es la topo del 25-S en el Congreso, investigaron sus actividades previas a ocupar ese puesto. Así detectaron que se trata de una clásica asistente a actos organizados por la izquierda abertzale y radical en general. Por ejemplo, fue militante de Izquierda Castellana. Precisamente, una de las ocho personas identificadas por la Policía como organizadoras de la manifestación durante una asamblea en el parque del Retiro es la líder de esta formación, Doris Benegas, que tuvo que declarar como imputada en la Audiencia Nacional.

La asesora E. M. ha participado en numerosos actos en solidaridad con los presos de ETA. Asimismo, ha formado parte de los contingentes que Batasuna y su entorno desplazaban a los juicios para apoyar a los etarras. Como define claramente un alto responsable de Interior: «Tenía una gran visibilidad en todos los aquelarresabertzales».

El 25-S, el movimiento sin cara, ha protagonizado ya dos jornadas de Rodea el Congreso. La primera de ellas desencadenó serios incidentes de orden público y se saldó con 64 heridos (muchos de ellos, policías) y 35 detenidos. Ese día, los manifestantes radicales trataron de atravesar las vallas que la Policía había colocado alrededor del edificio. Desde el Ministerio del Interior se denunció ante los tribunales esa actuación y lo que se consideró que era un intento de alterar el habitual funcionamiento de la Cámara.

De hecho, según explicaron fuentes policiales, si los manifestantes hubiesen eludido el cordón policial, se habría provocado un grave incidente en el Congreso. Pero el juez Santiago Pedraz entendió que la Policía había exagerado sus denuncias, por lo que archivó las actuaciones.
La segunda protesta tuvo lugar el pasado martes y fue secundada por menos de 2.000 personas. Ni siquiera fue comunicada, como exige la ley, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid ha comenzado a notificar sanciones.

Para mañana sábado, las autoridades esperan nuevas movilizaciones. En esta ocasión, la preocupación de los analistas policiales es mayor, porque temen la llegada de grupos antisistema desde otros puntos de España, fundamentalmente de Cataluña, por lo que temen incidentes, aunque no haya programada ninguna actividad parlamentaria.

Estrasburgo rechaza el primer recurso por el 11-M

• JOAQUÍN MANSO MADRID 26/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha rechazado la admisión a trámite de la demanda contra España que había presentado el marroquí Yusef Belhadj, condenado a 12 años en el juicio del 11-M. Se trata del primero de los recursos por ese procedimiento que alcanza su definitivo punto y final en un lacónico folio. Belhadj, arrestado en Bruselas en 2005, seguirá en una cárcel española hasta 2017.

La defensa de Belhadj, que ejerce el letrado Francisco Andújar, basaba su pretensión en que no pudo acceder a los servicios de un intérprete -ni el acusado hablaba español ni el abogado árabe- durante la instrucción.

La acusación contra Belhadj por el 11-M es la historia de un bluf. La Policía lo presentó en la cúspide jerárquica de la trama, como el portavoz de Al Qaeda para Europa que había reivindicado los atentados. La Fiscalía pidió para él casi 40.000 años de cárcel como inductor de la matanza. Y no había pruebas de nada de eso: sólo de que hacía proselitismo y recaudaba fondos en Bélgica para la yihad

• MARÍA PERAL MADRID 26/10/2012 ESPAÑA

La juez, la fiscal e Interior ahogan el 'caso Zougam'

• JOAQUÍN MANSO MADRID 21/10/2012 ESPAÑA/El Mundo

El juzgado rechaza citar a las imputadas y el Ministerio se niega a dar documentación

La juez, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consulado de Rumanía están conduciendo hacia un callejón sin salida el procedimiento por posible falso testimonio contra Jamal Zougam en el juicio del 11-M. Y sin practicar la más mínima diligencia, en contra de lo que ordenó la Audiencia Provincial en un contundente auto de junio en el que apreció «apariencia de delito» en la conducta de las dos rumanas testigos protegidos que determinaron su condena y ordenó investigar si mintieron.

Pues bien, la juez Belén Sánchez y la fiscal Rosa Mayoral prescinden del criterio del tribunal y rechazan citar a C-65 y J-70, ya formalmente imputadas, y a suprimirles la condición de testigos protegidas hasta que el Ministerio del Interior les envíe la documentación que confirme las circunstancias que fueron publicadas en una serie de reportajes de este diario. Pero ocurre que el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se niega a entregar los expedientes que se le han solicitado si previamente no se les indica el nombre de las dos afectadas cuya identidad la juez mantiene en secreto.

Es decir: si no hay nombres no habrá documentos pero no habrá nombres hasta que haya documentos.

En concreto, la fiscal -que ya se opuso a la admisión de la querella tras retenerla sin aparente motivo durante dos meses cuando sabía que el plazo de prescripción estaba a punto de cumplirse- argumenta en un escrito de septiembre que «es prematuro especialmente la toma de declaración de las querelladas hasta tanto [sic] no se examine la documentación requerida y con ello se verifique con suficiencia la realidad del hecho punible».

Y también razona que «no procede suprimir la condición de testigos protegidos de las querelladas hasta tanto [sic] del resultado de la investigación no resulten datos que impliquen una inequívoca imputación formal como autoras del hecho punible y excluyan el archivo de la causa».

La Audiencia de Madrid ya verificó en junio la suficiencia del hecho punible, ordenó la imputación formal de las querelladas y excluyó el archivo de la causa. Es más, ordenó practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».

Y todo ello, decía la Audiencia, porque la querella de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar relata «nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta» por el tribunal del 11-M y aporta «indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la apariencia delictiva de la conducta» de las testigos, cuya defensa ejerce el ex colaborador terrorista Gonzalo Boye. Es decir, que «los hechos contenidos en la querella, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de falso testimonio».

Tanto la Dirección General de Apoyo a las Víctimas como la Delegación del Gobierno de Madrid, dependientes de Interior, se han negado en sendas resoluciones de junio y julio a entregar los documentos que se le piden, pese a que en ambos casos se les especificó el número de expediente. Antes y después de las últimas elecciones, el PP se comprometió a colaborar con la Justicia.

La solicitud pretende confirmar la que la testigo J-70 no se decidió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y sólo cuando el Ministerio le cerró las puertas a las indemnizaciones y a los papeles tras rechazarla como víctima, ya que sus técnicos no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. Tras testificar, terminó cobrando 48.000 euros.

ETA no se disolverá sin un pacto previo con el Gobierno

• ÁNGELES ESCRIVÁ BILBAO 20/10/2012 PORTADA/El Mundo

 

Los máximos dirigentes de la banda transmitieron a Batasuna, antes de anunciar el cese de la violencia, que no darían más pasos sin contrapartidas

 En la primera quincena de agosto del año pasado, tres miembros de Batasuna se desplazaron hasta el sur de Francia para reunirse con tres dirigentes del llamado aparato político de ETA, David Pla, Izaskun Lesaka (la voz femenina que lee los comunicados de la banda) y Xabier Goienetxea, un tipo aplicado que había sido designado para hacer las funciones de secretario y levantar acta.
El encuentro fue lo suficientemente prolongado como para que los terroristas comunicaran a su brazo político -desesperado por poder regresar a las instituciones de forma plena- que, efectivamente, habían adoptado la decisión de anunciar un «cese definitivo de las acciones armadas», pero que ésta iba a ser la última decisión adoptada de forma unilateral y que las siguientes sólo podrían producirse tras una negociación con el Gobierno.

Los dirigentes de la banda reconocieron que la determinación había sido adoptada con discrepancias, que era mayoritaria pero no unánime y que una de las terroristas con más peso -si es que alguien lo tenía a esas alturas-, Iratxe Sorzabal, había manifestado su oposición.
Eludiendo la evidencia de que había sido derrotada, esta etarra prefería combinar la estrategia de la «acumulación de fuerzas» con la de la «lucha armada», es decir, el pacto con EA y Aralar con los asesinatos.

Sorzabal es la pareja de uno de los etarras más fundamentalistas de la última época, Karrera Sarobe, Ata, con quien tiene un hijo, y eso en otros momentos hubiese sido un enorme problema, pero hace un año ya no lo era porque Ata, considerado el último jefe con liderazgo interno, llevaba meses en prisión.

Los etarras advirtieron entonces a los miembros de Batasuna de algo más, de que esa iba a ser, efectivamente, la última decisión que iba a ser adoptada de forma unilateral. El resto, «el reconocimiento del dolor causado», una eventual entrega de las armas y el futuro anuncio de disolución o más precisamente de su desmantelamiento (dado que ETA ha manifestado su intención de convertirse en una corriente interna de la izquierda abertzale), solamente se iban a producir si el Gobierno se sienta a negociar con la organización la salida de los presos, el regreso de los huidos y las denominadas «consecuencias del conflicto».

Durante las semanas siguientes, la izquierda abertzale se dedicó a preparar la escenificación de Ayete, la conferencia internacional destinada a amortiguar la sensación de derrota operativa que podía dar una decisión así. Sus dirigentes ya se habían estado reuniendo con los representantes de todos los partidos excepto el PP y habían adquirido la aquiescencia de las personalidades internacionales encabezadas por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. El Gobierno facilitó el encuentro y el líder de la oposición fue informado de ello. Y la reunión parió un texto en el que se pedía a la banda el cese definitivo y se interpelaba a los gobiernos a responder en consecuencia poniendo en marcha un acuerdo entre partidos y una solución para los presos.

No se sabía cuánto tiempo iba a pasar entre este acto de blanqueo y el anuncio, pero ETA auguró inmediatez y, efectivamente, tres días después, el 20 de octubre, tres encapuchados tardaron dos minutos y 33 segundos en dar carpetazo a los atentados, después de asesinar a 857 personas. El Ejecutivo supo con más de un día de antelación la hora en la que se iba a realizar la comparecencia y el contenido del texto en su totalidad.

Ha transcurrido exactamente un año y dos son las sensaciones que prevalecen en la sociedad vasca. Una es el alivio, la alegría indisimulada y comprensible con la que, sobre todo los amenazados por ETA, viven el día a día.

La otra es la rapidez con la que se ha querido pasar página. Parece que los atentados son una pesadilla de otra época, tan inexplicable y tan intensa que parece necesario solaparla. Ahora mismo en el País Vasco es política y socialmente incorrecto cuestionar el modo como se ha llegado a esta situación, y cualquiera que arme un discurso crítico en este sentido o incluso contra la izquierda aberztale es orillado con desdén. Sin embargo, lo cierto es que una de las consecuencias de tanta rapidez es la profunda injusticia que ésta entraña.

El cese definitivo se produjo gracias a la puesta en marcha de una política sin precedentes, que en la última época logró que en dos años fuesen detenidos cinco números uno de la banda. Si en 2002 había 517 etarras incorporados y 514 en prisión, en 2012 quedan 50 en libertad y 800 recluidos. Y gracias a la aplicación de la Ley de Partidos que dejó a la izquierda abertzale tan arrinconada que se vio obligada a reaccionar para sobrevivir.

Sin embargo, hay una parte, la deslegitimación de la violencia, que 12 meses después es extremadamente deficiente. Durante esta campaña, la candidata de EH-Bildu, Laura Mintegi, ha realizado un discurso en el que se ha erigido en defensora de los trabajadores y de la igualdad social sin que el resto de los candidatos le insistiera en que tiene un pasado que hace ofensivo su borrón y cuenta nueva. Adoptan esta actitud -según cual sea su posicionamiento en esta campaña de perfil bajo en la que lo fundamental parece haber sido no espantar a nadie- porque o temen que use el victimismo para obtener más votos o quieren poner en valor que los demócratas han conseguido la libertad o para que no se les acuse de no haberse incorporado al «nuevo tiempo».

En esas condiciones, mañana la izquierda abertzale obtendrá un buen número de escaños y pocos consideran condición sine qua non para legitimarla políticamente la condena de ETA que Mintegi se ha negado expresamente a realizar.

Un año después, ETA espera que el Gobierno se avenga a resolver las cuestiones técnicas. Y EH-Bildu confía en la posición del PNV, que ya ha dicho que recuperará el contenido de las reuniones de Loyola, donde se habló de articular un sistema consensuado entre partidos para activar el derecho a decidir con un sistema de doble llave y con una consulta posterior en el País Vasco. No se plantea ya como una cuestión de contenido, sino de administración de tiempos.

La banda defiende su legado

Quiere que se respete su legado. Dice que reflexionar sobre la utilidad de sus asesinatos tiene importancia «ya que está en juego la capitalización en el futuro de los logros conseguidos» y quiere «poner al servicio del proceso el capital político histórico acumulado».

El aniversario ha cogido a ETA debatiendo sobre su futuro y realizando aportaciones a un «Informe básico» que serán votadas a final de año. El documento, publicado por Vasco Press, da por supuesta la continuación del cese definitivo, pero prevé la continuidad de ETA , incluso aunque se materialice su esquema y los presos queden en libertad. Según esto, no se desarrollará «estructura alguna dirigida a llevar a cabo ninguna actividad armada», pero se pondrán los medios (mediante una oficina) «para proveer» a ETA «de los recursos necesarios a distintos niveles para cumplir con las funciones que le corresponden a lo largo del proceso y garantizar su funcionamiento». Reconoce a la izquierda 'abertzale' «la jefatura política», pero ofrecerá sus aportaciones «si lo viera necesario, también a la base social». Señala que su Delegación para negociaciones hablará de presos y huidos, del desarme y del desmantelamiento de la estructura armada, y de la retirada de las fuerzas policiales

FERNANDO LÁZARO ESPAÑA

El alcalde que homenajea a etarras

La Policía denuncia al regidor de Bildu en Villava por ensalzar al asesino de los Becerril

A los que sostienen que detrás de Bildu están ETA y sus herederos, el comportamiento de muchos dirigentes de la izquierda abertzale les avala. En esta ocasión, se trata del actual alcalde de la localidad navarra de Villava, Pedro Gastearena.

El pasado 6 de octubre, y organizado por asociaciones de la izquierda abertzale, se celebró un homenaje a un grupo de presos de ETA, algunos con delitos de sangre. Entre ellos estaba uno de los asesinos de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, María Ascensión. El ayuntamiento, gobernado por Bildu, no organizó el evento, pero tampoco hizo nada por evitarlo pese a los indicios de que se trataba de un claro acto de enaltecimiento del terrorismo.

Pese a no organizarlo, su máximo representante, el alcalde, estuvo presente, y en primera línea, durante la celebración de este homenaje. Diferentes páginas web de la izquierda abertzale recogen imágenes donde aparece el primer edil participando activamente en el acto.

Incluso, en la web del ayuntamiento responde por escrito a un vecino que le preguntó, molesto, si estuvo en el homenaje y en calidad de qué: «Participé en el acto que se celebró en las txoznas en el que se pedía respeto a los derechos de l@s pres@s y sus familiares. Lo hice a título personal». El vecino le recriminaba que, como alcalde, representa a todos los ciudadanos de Villava y no sólo a los que apoyan a ETA y a sus familiares.

La participación de este alcalde de Bildu en el homenaje a presos de ETA ha llegado a la Audiencia Nacional. La Policía Nacional ha remitido un informe al entender que allí pudo cometerse un delito de enaltecimiento del terrorismo en el que habría participado el propio alcalde de Villava. A esta denuncia se ha sumado la Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Entre los etarras que fueron homenajeados se encontraba Txetxu Barrios, miembro de ETA condenado por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, María Ascensión García Ortiz, en Sevilla el 30 de enero de 1998. Es también el autor del atentado con coche bomba en el que fue asesinado el peluquero de la base aérea de Granada Domingo Puente Merín. Cumple asimismo pena por depósito de armas y tenencia de explosivos; por la colocación de varias bombas en tendidos eléctricos y en el trayecto del AVE, y por su participación en un intento de atentado contra la comandancia de la Guardia Civl en Granada en 1998.

También fue homenajeado Mikel Almandoz Erviti, detenido en 2003 en Francia junto a la cúpula de ETA que formaban Gorka Palacios Aldaiz (jefe de los comandos de ETA); Iñigo Vallejo y su lugarteniente, Juan Luis Rubenach (responsables de adiestramiento de los comandos).

También había fotografías de María Lizarraga, detenida en 2008 en Francia y condenada por pertenencia a grupo terrorista y tenencia ilícita de armas de fuego y de explosivos. Mikel Oroz, otro de los homenajeados, fue detenido en Francia en 2011. Se le consideraba responsable de la falsificación de documentos y matrículas. Javier Osés, alias Jotas, fue capturado en Francia en junio de 2012, junto a Ugaitz Errazkin, presunto asesino de Isaías Carrasco e Ignacio Uría.

Presunta colaboración terrorista y revelación de secretosLa Audiencia Nacional procesa a Enrique Pamies por el 'caso Faisán'

La Gaceta

La misma suerte ha corrido el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha comunicado hoy su procesamiento en el caso Faisán al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, por los delitos de colaboración terrorista y revelación de secretos.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que durante la toma de declaración indagatoria celebrada hoy, las partes no han formulado ninguna pregunta y que los dos imputados en el "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación contra su aparato de extorsión en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en 2006 tampoco han declarado

Según han explicado las mismas fuentes, hoy se abre el plazo de tres días para que las defensas de los acusados puedan recurrir en reforma ante el magistrado y calculan que en unas dos semanas se haya concluido todo el trámite para que la sala pueda dictar, en su caso, la apertura de juicio oral.
El pasado jueves, el instructor procesó por colaboración a Pamies y a Ballesteros por intentar "frustrar" la operación contra el aparato de extorsión de ETA en 2006 después de que la Fiscalía hallara indicios contra estos dos imputados pero no contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.
Ruz estimaba que los dos exaltos cargos policiales podrían haber incurrido en estos delitos tras concluir que en el procedimiento "aparecen motivos bastantes" para afirmarlo "con fundamento", mientras que consideraba que "no ha lugar" a procesar a García Hidalgo.

'El disco robado incluye datos secretos sobre finanzas de ETA'

ESTEBAN URREIZTIETA EDUARDO INDA MADRID

12/10/2012 PORTADA/El Mundo

Grave preocupación en el Ejecutivo ante el riesgo de que se difunda / Figuran hasta 7 alias de infiltrados


El Gobierno aseguró ayer que entre el material robado en la Audiencia Nacional al fiscal Carlos Bautista figuran «diligencias declaradas secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA».

En el Gobierno no sólo existe preocupación por la imagen de vulnerabilidad que se transmite del tribunal dedicado a juzgar los grandes casos de terrorismo y narcotráfico. Que también. Lo que de verdad ha hecho saltar todas las alarmas es la posibilidad de que se produzca una revelación pública de los secretos contenidos en el disco duro de un fiscal dedicado a instruir casos altamente sensibles.

Por su parte, la Policía cree que entre los documentos desaparecidos hay conversaciones del Faisán en las que se revelan datos que permitirían identificar a los infiltrados en ETA.
El Gobierno aseguró ayer que en el disco duro robado en la Audiencia Nacional al fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, «había diligencias secretas sobre la financiación de la banda terrorista ETA» pero rápidamente aclaró: «Había dos copias más del material».

En el disco duro sustraído a Carlos Bautista se guarda información muy delicada tanto cuantitativa como cualitativamente. Fuentes de la Fiscalía, no obstante, negaron que se trate de los pinchazos telefónicos al ex jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, la pieza del caso Faisán sobre el presunto chivatazo a la banda terrorista ETA que continúa sin ser pública. Los mismos medios admiten, sin embargo, que en el disco duro había dos sumarios sobre terrorismo declarados secretos.

La versión del Ministerio Público es que lo único que había en el disco duro sobre el caso Faisán eran borradores del fiscal Bautista para preparar escritos en el procedimiento abierto sobre el soplo dado por policías del Ministerio del Interior de Rubalcaba a la banda terrorista ETA acerca de la inminencia de una redada contra la red dedicada al cobro del impuesto revolucionario.
Estas anotaciones, según las fuentes, podrían versar sobre nuevas líneas de trabajo en un caso que ayer culminó con el procesamiento del ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, a los que el juez Pablo Ruz imputa «colaboración con banda armada».

La preocupación del Gobierno se ha hecho extensiva también a la propia Policía, que está convencida de que en el dispositivo de memoria portátil de Bautista queda reflejada toda su operativa para conseguir información confidencial de la banda terrorista. Así, según aseguran a este diario fuentes policiales, en la documentación que obraba en poder del representante del Ministerio Público figuran con todo lujo de detalles transcripciones de conversaciones telefónicas de Pamies que permitirían identificar a infiltrados en la estructura de ETA. En este sentido, precisan las mismas fuentes, en dichas grabaciones quedan al descubierto hasta siete apodos de confidentes y operaciones protagonizadas y facilitadas por ellos.

Tras las primeras pesquisas policiales practicadas se ha descartado por completo que la pérdida de este disco duro se produjera durante el reciente traslado de sede de la calle Génova a la de Prim. Si bien han sido múltiples las denuncias del personal de la Audiencia Nacional por la desaparición de todo tipo de efectos personales y material de trabajo, el disco duro desaparecido fue depositado en el nuevo edificio y se encontraba en la mesa del despacho de Bautista. Los ladrones aprovecharon que el fiscal se ausentó durante dos horas el viernes día 5.
En cuanto a las posibles hipótesis manejadas para esclarecer el móvil del robo, la Fiscalía maneja la de que la desaparición de este dispositivo portátil pueda ser una operación para distraer la atención. Algunas fuentes del Ministerio Público barajan la posibilidad de que exista la intención de filtrar conversaciones inéditas que beneficien a los procesados por el caso Faisán y de esta forma desviar el foco sobre el origen. Así, al aflorar las mismas, se señalaría de inmediato al disco duro de Bautista y quedaría descartada una filtración policial interesada.

>Vea hoy el videoanálisis de Esteban Urreiztieta.

EL MUNDO MADRID 12/10/2012 ESPAÑA

La Fiscalía niega que hubiera grabaciones

La denuncia del fiscal relata que el robo se produjo entre las 10 y las 12 del viernes 5

El fiscal Carlos Bautista ha denunciado en la Comisaría de la Audiencia Nacional el robo de un disco duro de la marca Imation con 320 gigas de capacidad por parte de desconocidos que se introdujeron en su despacho de la nueva sede del órgano judicial el pasado viernes 5 de octubre entre las 10.00 y las 12.00 horas, intervalo durante el que se encontraba ausente del edificio para llevar a cabo una gestión personal. Según la denuncia, entre lo sustraído se encuentran documentos de trabajo acumulados desde 1998 -de los que existe copia de seguridad- y otros de naturaleza exclusivamente privada.

Precisamente minutos antes del robo, el representante del Ministerio Público había entregado a la Fiscalía General para su visado el escrito en el que considera que de la investigación se han obtenido datos suficientes contra el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, pero no contra el ex director general Víctor García Hidalgo.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron ayer que en la memoria electrónica sustraída no había más documentación secreta del caso Faisán que algunos borradores elaborados por el propio Bautista con carácter previo a los escritos que ha ido presentando en la causa.

Según dijeron, las conversaciones intervenidas durante dos años a Enrique Pamies sólo llegaron a manos del fiscal en formato papel, nunca digital, y fueron expurgadas de la causa el pasado mes de marzo. Aquel mes, afirmaron esos medios, el juez Pablo Ruz ordenó la destrucción de todo lo que no afectase el caso e incluso el borrado de lo que hubiera registrado en el sistema Sitel.
Fuentes de la Fiscalía informaron también de que el fiscal Bautista ha solicitado al juez y a la Policía la certificación de los documentos de los que le han dado traslado a lo largo del procedimiento, para que conste de manera fehaciente lo que realmente obraba en su poder en el momento del robo.

Los mismos medios admiten que el disco duro guardaba dos causas sobre terrorismo que se encontraban secretas, a las que, no obstante, restaron cualquier importancia. A una porque ya se ha levantado el sigilo que pesaba sobre ella y, a la otra, porque estaba encriptada y tampoco contiene aspectos especialmente relevantes.

JOAQUÍN MANSO MADRID

12/10/2012 ESPAÑA

Ningún cargo político responderá por el 'Faisán'

El juez procesa a los dos policías, pero exonera a su director general

 El jefe político directo de los mandos policiales imputados por el chivatazo a ETA ha quedado exonerado de manera casi definitiva: el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer el procesamiento del ex jefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y del inspector José María Ballesteros, pero siguió el criterio del fiscal para dejar fuera al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo. Ningún cargo político responderá por el caso Faisán.

Ruz mantiene la calificación del soplo como una revelación de secretos y también como una colaboración con organización terrorista, aspecto clave que determina mayor pena y reproche público, y que la causa permanezca en la mediática Audiencia Nacional en lugar de enviarse a los mucho más discretos juzgados de Irún.

El juez no abunda en su argumentación: se limita a constatar que los mismos hechos ya fueron considerados como delito terrorista en dos autos de la misma Sección Penal, la Segunda, que ahora tendrá que decidir sobre los recursos. Uno lo redactó el magistrado Enrique López y, el otro, su compañero Julio de Diego. Así de marcado les deja Ruz el camino de la calificación jurídica.
Quien sale muy bien parado es el ex director general de la Policía. Como ya razonaba el fiscal en su escrito de esta semana, el juez concluye que, de las nuevas diligencias practicadas este último año, no se desprende ningún indicio «concreto, específico y adicional» a los que ya valoró aquel Pleno de la Sala que revocó en septiembre de 2011 su procesamiento y el de los dos policías imputados. Aquella resolución, muy dura con Ruz, le reprochaba que no hubiese «agotado todas las posibilidades de investigación».

El juez cree que ahora sí lo ha hecho y expresamente dice que no ha encontrado nada nuevo contra García Hidalgo. Esta circunstancia deja un margen casi nulo a la eventualidad de que la Sala conteste en sentido afirmativo a la petición de procesamiento que con seguridad le harán la AVT y Dignidad y Justicia. Aquella decisión de Gómez Bermúdez de avocar a Pleno tiene hoy esta consecuencia: el caso Faisán ni siquiera tocará la escala política, como si hubiesen sido sólo los policías.

VICTORIA PREGO

12/10/2012 ESPAÑA

La admirable tenacidad de un juez

El juez Pablo Ruz no ha cejado y, después de un año de concienzudas investigaciones, está en condiciones de insistir en lo mismo que dijo en julio pasado: que dos miembros de alto nivel de la Policía Nacional pueden haber cometido un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos. Y que por eso los procesa. Estamos hablando de un caso que escandalizó a la opinión pública española porque lo que cuenta es que la propia Policía decidió reventar una operación para detener a miembros de ETA en el momento en que recibían una gran cantidad de dinero procedente de la extorsión de los asesinos. Y que la reventó para favorecer a los terroristas y facilitar la buena marcha de las negociaciones con la banda que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba celebrando bajo cuerda y con el desconocimiento de los españoles. Pero lo que contaba el juez Ruz en su auto de procesamiento del año pasado es que en semejante operación estaba metido también nada menos que el director general de la Policía Nacional. Es decir, un alto cargo político. Esto es lo que ha cambiado después de un año. Y, aunque es mucho cambio, no lo cambia todo. Ruz se mantiene en sus trece, y aún se apuntala más, a la hora de imputar a los dos policías esos dos delitos, uno gravísimo y otro menos grave desde el punto de vista de la sanción penal y de la condena social que merecen. Aquel insólito pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, para estupefacción de muchos, convocó su presidente, Javier Gómez Bermúdez, en septiembre de 2011, revocó el procesamiento decretado por Ruz. En realidad, de paso que revocaba el auto, revolcaba también al juez, a quien ordenaba que practicara nuevas diligencias porque, con las que había realizado, no se sustentaban con la suficiente solidez esos procesamientos. Otro juez se habría arrugado y habría desistido, con lo cual el político y los policías, los policías y el político, todos a una, habrían quedado limpios y libres. Éste no. Éste ha aguantado en pie el empellón de toda una Sala, ha mantenido el rumbo con admirable tenacidad y no ha soltado la pieza. Aunque, un año después, comprobamos que aquel increíble pleno ha conseguido una cosa: que el alto cargo político se libre del procesamiento porque no ha aparecido ningún indicio «adicional» sobre su implicación en el chivatazo. Eso fue lo que la Sala le exigió al juez. Pero quedan los otros dos procesados. Y queda sobre todo -a la espera de lo que diga el tribunal- la terrible certeza de que ha habido un momento de nuestra Historia en que los policías recibían órdenes para que ayudaran a los terroristas a escapar de la ley. Y que las cumplían. Mayor aberración no cabe.

Roban en la Audiencia el disco duro con los secretos del Faisán Lo sustraído incluye la transcripción de 2 años de grabaciones telefónicas al ex jefe superior de Policía del País Vasco

EDUARDO INDA ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

11/10/2012 PORTADA/El Mundo

La Policía investiga la desaparición de la parte del sumario del chivatazo declarada secreta por el juez Ruz por razones de «seguridad del Estado»

. El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, ha denunciado el robo de un disco duro que tenía en su despacho de la Audiencia Nacional con información «inédita, secreta y sensible» sobre el chivatazo policial en la era Rubalcaba a la red de extorsión de ETA.

Los ladrones fueron «a tiro hecho», según destacan fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. De los numerosos sumarios e informes que había en el despacho del fiscal Bautista, sólo se llevaron los secretos del caso Faisán. Entre lo sustraído podría haber dos años de pinchazos telefónicos al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies.

Los asaltantes conocían perfectamente que la sede de la Fiscalía, en la tercera planta de la Audiencia Nacional, carece de videovigilancia.

El fiscal del caso Faisán, Carlos Bautista, ha descubierto el robo de un disco duro que custodiaba en su despacho de la Audiencia Nacional con documentación clave y secreta del procedimiento iniciado tras el chivatazo que permitió a la banda terrorista sortear una golpe policial contra su red de extorsión económica.

La Audiencia Nacional investiga el soplo dado presuntamente por relevantes miembros del Ministerio del Interior a Joseba Elosua, el cobrador del impuesto revolucionario de ETA, acerca de la inminencia de una redada prevista en mayo de 2006. Elosua fue alertado de la operación contra la red de extorsión terrorista coincidiendo con la negociación que mantenía abierta el Gobierno de Zapatero con la cúpula de la banda.

EL MUNDO publicó en marzo de 2011 el acta que levantó la banda terrorista de la reunión celebrada en junio de 2006 con representantes gubernamentales. En este documento se recoge que el chivatazo fue «una decisión política» y que «desde el Gobierno se trató de evitar las detenciones».

El fiscal del caso Faisán tenía una memoria portátil en la que almacenaba información de la causa «inédita, secreta y clave». «Era información muy sensible, que puede afectar a la seguridad nacional», afirman fuentes conocedoras del caso. Carlos Bautista, un fiscal de 46 años con fama de meticuloso, ordenado y trabajador, guardaba el disco duro en el despacho que le asignaron en la tercera planta de la calle de Prim, sede provisional de la Sala Penal de la Audiencia Nacional mientras se ejecutan las obras de reforma del edificio habitual de la calle de Génova.

Tras las primeras pesquisas policiales practicadas, se ha descartado por completo que la pérdida de este dispositivo se produjera durante la reciente mudanza a las nuevas dependencias.

Han sido múltiples las denuncias por parte del personal de la Audiencia Nacional por la desaparición de cajones de mesas de despacho, de banderas, impresoras y material de
oficina, pero el disco duro desaparecido fue depositado sin problemas en el nuevo edificio. En este sentido, se ha concluido que el robo ha tenido lugar en el interior de las instalaciones judiciales. Un extremo que ha sido corroborado al comprobar que no falta nada más en el despacho de Bautista.

Por ello, la investigación que se ha puesto en marcha apunta a que existía la intención clara por parte de los autores de sustraer sólo este dispositivo y que, como aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «iban a tiro hecho».

A falta de comprobar el contenido exacto del disco duro, las mismas fuentes señalan que albergaba documentos que no han salido a la luz en el procedimiento judicial en el que se investiga el chivatazo a la banda terrorista. Es más, precisan que podrían formar parte de una pieza que permanece todavía secreta en el sumario.

La sustracción se ha producido aprovechando tanto la ausencia de cámaras de seguridad en la tercera planta del edificio, en la que se encuentra ubicado el Ministerio Público, como el caos derivado del traslado íntegro de los Juzgados Centrales de Instrucción y las Secciones Penales de la Audiencia Nacional al número 12 de la calle de Prim. Fuentes policiales añaden que se trata de un «golpe limpio». «Los asaltantes sabían perfectamente adónde iban, que no había cámaras y cuál era el objetivo. Eran profesionales que tenían muy claro lo que hacían y que conocían perfectamente el lugar», puntualizan.

En poder del fiscal Bautista se encuentra, desde el pasado 8 de marzo, la parte del sumario que ha sido declarada secreta por el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Entonces, el magistrado dio traslado al representante del Ministerio Público de cientos de conversaciones telefónicas intervenidas al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés.

Esta pieza del procedimiento alberga dos años enteros de intervenciones telefónicas cuyo contenido, recalcó el propio Ruz en el auto en el que le daba traslado al fiscal, podría afectar «a la Seguridad del Estado». El juez remitió esta documentación a Bautista para que determinase si su contenido debe ser incorporado al sumario principal o si, por el contrario, debe ser mantenido bajo secreto en esta pieza separada del procedimiento.
. M. MADRID 11/10/2012 ESPAÑA

Precedentes ilustres: Gil, los Urquijo y Juan Guerra

El robo de documentos en un juzgado tiene una dificultad añadida: identificar lo que en concreto se busca no es ni mucho menos fácil, por lo que necesariamente se precisa la colaboración de algún buen conocedor de la actividad del órgano judicial. Existen precedentes. Quizá los cuatro que siguen son los más destacados:

Corrupción en Marbella.El robo más espectacular que se recuerda tuvo lugar en 2001 en los juzgados de Marbella, de donde individuos no identificados sustrajeron 15 procedimientos que instruían tres jueces diferentes. De ellos, 13 afectaban al entonces alcalde, Jesús Gil, por todo el catálogo de delitos de corrupción. La operación incluyó el hurto de los legajos y el borrado de los correspondientes archivos informáticos de los ordenadores de los magistrados. El toque macabro de una historia de película lo puso el suicidio de un agente judicial tras ser detenido, al arrojarse por la azotea mientras la Policía registraba su casa.

La prueba que llevó hasta 'Rafi'.En 1983, a cinco días del juicio por uno de los crímenes que mayor impacto social han producido, el de los marqueses de Urquijo, el presidente del tribunal, Bienvenido Guevara, recibió la noticia de que la principal prueba había sido sustraída. Se trataba de 269 casquillos del calibre 22 que dos años antes habían llevado al arresto de Rafael Escobedo, ex yerno de los asesinados. Cuatro habían sido recogidos en el escenario de los asesinatos y los otros 265, idénticos, en una finca de los Escobedo en Cuenca. El juicio se celebró aun así y Rafi fue condenado. Su suicidio en la cárcel de El Dueso en 1988, dos semanas después de que lo entrevistase Jesús Quintero en TVE, conmocionó a toda España.

El hermanísimo. Los primeros pasos en los juzgados del escándalo de Juan Guerra, hermanísimo del vicepresidente del Gobierno, estuvieron plagados de situaciones sorprendentes. El episodio más pintoresco se produjo en 1993, cuando el juez Conrado Gallardo tuvo que adelantar el contenido de la primera sentencia condenatoria tras descubrir que había sido robada.

Un hombre en el armario. Otra situación rocambolesca se produjo en agosto de 1991, cuando un caco se escondió en un armario del Tribunal Supremo para poder robar el sumario del caso Rumasa, mientras dos compinches le guiaban desde el exterior con un walkie. No lo consiguió porque la secretaria del juzgado lo había movido a otro despacho: el suyo no tenía aire acondicionado.

El fiscal insiste en atribuir el chivatazo a los policías pero exculpa a su jefe político

MANUEL MARRACO MADRID

10/10/2012 PORTADA/El Mundo

La Fiscalía certificó ayer que el caso Faisán se ha recuperado del embate que le dio el Pleno de la Audiencia Nacional cuando revocó el procesamiento de los tres imputados. Un año y un mes después de aquel auto, el fiscal insiste en un escrito dirigido al juez del caso que sí hay indicios para atribuir a dos mandos policiales el chivatazo a ETA, aunque no para seguir adelante contra su jefe político, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.

El fiscal afirma que la investigación complementaria llevada a cabo en el último año permite mantener que el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el hoy inspector jefe José María Ballesteros fueron autores del soplo, pero no que García Hidalgo estuviera implicado.

De este modo, la Fiscalía de la Audiencia señala a un autor material (Pamies) y a un autor por cooperación necesaria (Ballesteros), pero deja fuera al supuesto autor intelectual (García Hidalgo).
Lo relevante del escrito de ayer no es su conclusión, idéntica a la que presentó la Fiscalía hace un año, sino que el Ministerio Público la haya mantenido después del auto del Pleno, que dejó el caso moribundo al afirmar que no había indicios suficientes para procesar.

«Las diligencias practicadas han corroborado la verosimilitud de la imputación de Enrique Pamies y José María Ballesteros así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos, superando los estándares mínimos de evidencia exigidos por la Sala», dice el fiscal Carlos Bautista. «Sin embargo», prosigue, «en relación a Víctor García Hidalgo, no puede llegarse a la misma conclusión, al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna, concreta y específica, que vaya más allá de aquellas cuya suficiencia fue rechazada por la Sala». Es decir, que las cosas se han movido, a peor, para Pamies y Ballesteros, pero no hay datos nuevos sobre Hidalgo que permitan contradecir el parecer del Pleno.

Según los investigadores y el juez Pablo Ruz, poco antes del mediodía del 4 de mayo de 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, Ballesteros entregó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, el teléfono desde el que Pamies le advirtió de una inminente operación policial contra la red de extorsión a la que pertenecía. El soplo habría sido acordado la noche anterior con García Hidalgo.

El escrito del fiscal es consecuencia del nefasto resultado que para las defensas de los policías han tenido las diligencias ordenadas por el juez el último año. Los sucesivos informes de la Policía, la Guardia Civil y peritos independientes han debilitado o descartado las tesis de los imputados, al tiempo que diluían las objeciones en las que el Pleno se apoyó para revocar los procesamientos.

La Fiscalía ha podido contar con media docena de elementos nuevos. El más relevante, un informe de la Guardia Civil que avala sin fisuras la investigación policial y concluye que la «hipótesis más consistente» es que el soplo lo dieran los dos policías (el informe no menciona a García Hidalgo).

También ha habido nuevas y relevantes declaraciones, en particular la del yerno de Elosua, que estuvo con el dueño del Faisán la mañana de los hechos. La cronología expuesta por Carmelo Luquín desmontó la tesis de las defensa de que el soplo lo había dado el propio equipo investigador del chivatazo.

Contra Ballesteros pesan, sobre todo, las imágenes que le muestran el día del soplo saliendo del bar Faisán instantes después de que concluyera lo que los investigadores señalan como la llamada del chivatazo: la que hizo a Pamies para ponerle en contacto con Elosua.

En cuanto a Hidalgo, el fiscal no ve elementos suficientes para que siga como imputado. Sí lo han hecho hasta ahora las acusaciones populares y el juez. Según consta en el sumario, la noche anterior al soplo Hidalgo y Pamies hablaron largamente y volvieron a contactar al día siguiente coincidiendo con momentos clave del soplo. En total, hablaron una decena de veces, algo que según el juez era extraordinario y suponía una «clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando». Además, Hidalgo y los otros dos imputados emplearon tarjetas prepago para hablar entre ellos cuando sospecharon que se les estaba investigando. El juez lo describe como «una medida de seguridad para garantizar la reserva de sus comunicaciones».

El escrito del fiscal responde a una petición expresa del juez para que valorara los nuevos indicios. Ahora Ruz deberá decidir si vuelve a procesar a los tres imputados. La inclusión de Hidalgo en un eventual auto de procesamiento devolvería al caso Faisán toda la carga política y lo relacionaría directamente con la negociación con ETA.

En el sumario consta que el número de teléfono de Hidalgo fue hallado en manos de un etarra detenido en Francia, que lo esgrimió como salvoconducto al tiempo que alegaba ser uno de los negociadores. Del lado del Gobierno, su enviado para negociar con la banda, el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, dio a entender a sus interlocutores de ETA que el chivatazo había sido una decisión del Ejecutivo de Zapatero para no entorpecer el proceso de paz.

10/10/2012 ESPAÑA

Ni palabra sobre la colaboración

La Fiscalía limita su escrito a valorar las suficiencia de los indicios, sin rozar siquiera el peliagudo aspecto de la calificación jurídica de los hechos. Se trata de un elemento clave del 'caso Faisán' que hasta la fecha ha enfrentado a la Fiscalía y el juez. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza ha venido manteniendo que el delito que se cometió fue una revelación de secretos, menos grave y que implicaría el envío del caso a un juzgado de Irún. Por contra, el juez Ruz procesó a los tres imputados por colaboración con organización terrorista, lo que suponía mantener el caso en la Audiencia. El Ministerio Público podría haber metido en su escrito alguna referencia a la calificación jurídica, pero no necesitaba hacerlo -el juez sólo le preguntó por los indicios- y no lo ha hecho. Antes o después tendrá que afrontar el trámite y decidir si se mantiene en su tesis pese a la recientísima sentencia del Supremo que profundiza en el delito de colaboración y la refuta rotundamente. Siguiendo el criterio de esa sentencia, el chivatazo fue un acto de colaboración terrorista, al margen de la ideología o finalidad de sus autores

Barrena violó 47 veces su libertad condicional

El Mundo

¿Está violando las condiciones de su libertad provisional un dirigente de Batasuna que igual da ruedas de prensa sobre la posición de su partido como recibe a un preso de ETA como si fuese un héroe? Los investigadores de la Guardia Civil piensan que sí y por eso han remitido un informe a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, fechado en agosto, en el que resumen las actividades de Pernando Barrena, dirigente de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

La Audiencia remitió los datos a la Fiscalía, que todavía no se ha pronunciado. Fuentes del tribunal entienden que el informe no es suficientemente claro y se inclinan por no modificar la situación de Barrena.

La tesis de la que parten los agentes es la de que Batasuna continúa siendo ilegal -aunque su libertad real de maniobra haga colegir lo contrario- y que Barrena -acusado de integración en organización terrorista- está en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros con una condición: respetar «la prohibición expresa de participar en los mismos o similares actos que han determinado su procesamiento, es decir, reuniones, manifestaciones, actos públicos, formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares a aquellas que son objeto de la imputación criminal».

Los agentes de la Guardia Civil aportan 47 intervenciones -en las que incluyen 20 entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación- en las que Barrena estaría incumpliendo esta condición. Hay algunas llamativas, pero probablemente la más chocante sea su participación en el acto de homenaje y bienvenida a Gorka Mayo Hermoso de Mendoza. Mayo fue arrestado en enero de 2011 por su implicación en Ekin, el organismo de ETA encargado de imponer la ortodoxia de la banda en su entorno. Los agentes explican que el acto en el que participó Barrena, llamado Ongi Etorri, suele ser organizado por la izquierda abertzale cada vez que es puesto en libertad un preso.

En esta ocasión, se celebró el 28 de julio de 2012, en el frontón municipal de Bidaurreta. El dirigente de Batasuna fue fotografiado dándole un abrazo a Mayo -quien sostenía un ramo de flores y sonreía satisfecho- y envió una nota de prensa a los medios de comunicación reclamando a los estados español y francés que diesen «pasos en el camino de una solución democrática». Barrena también se ha prestado a ser el portavoz de otro preso, Arnaldo Otegi, de quien, en un acto público de Amaiur, leyó una carta que éste había remitido desde la prisión de Logroño. Hasta allí se desplazó el 30 de enero para participar en una concentración y en una rueda de prensa cuyo fin era «exigir la libertad» de los procesados en el caso Bateragune.

Los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando legalizaron Sortu, precisaron el tipo de conductas que podrían conducir a la ilegalización de nuevo del partido. Actitudes como la equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de derecho se reserva a las fuerzas de seguridad y a los tribunales; hechos como el intento de colocar en un mismo plano el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y la pena impuesta a quienes recurrieron o justificaron el terror; el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas; o que el rechazo a la violencia se supedite a la consecución de objetivos políticos.

Según se desprende del informe de la Guardia Civil, Barrena ha incumplido cada uno
¿Está violando las condiciones de su libertad provisional un dirigente de Batasuna que igual da ruedas de prensa sobre la posición de su partido como recibe a un preso de ETA como si fuese un héroe? Los investigadores de la Guardia Civil piensan que sí y por eso han remitido un informe a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, fechado en agosto, en el que resumen las actividades de Pernando Barrena, dirigente de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

El 22 de octubre del año pasado, saludó el comunicado del cese definitivo alegando que «ETA ha decidido parar una de las violencias que han existido aquí, pero también ha habido otras...». Y añadió: «Hay que entender que las personas que están en la cárcel lo estaban fruto de una realidad política anterior y de un conflicto que ya no tiene contexto».

En noviembre de 2011 realizó unas manifestaciones en Radio Euskadi en las que defendió que en el País Vasco «no sólo ha habido los 800 muertos de los que se habla» a manos de ETA, sino que el número de fallecimientos «se eleva a 1.300 contabilizando las víctimas parapoliciales, las causadas por el Estado y la política de dispersión».

Barrena ha participado como representante de Batasuna en actos como el del Palacio de Miramar de San Sebastián (8-11-2011), en múltiples ruedas de prensa y como miembro de delegaciones de la izquierda abertzale en reuniones con partidos independentistas. Ha insistido en que «Euskadi ha sufrido una confrontación violenta protagonizada al menos por dos partes» y se han producido «víctimas de muy diversa índole».

Además, ha salido en defensa de etarras detenidos, reprochándole al Gobierno «que continúe con la detención de miembros de una banda que ha decidido terminar con las actuaciones violentas». Y se ha negado a pedir la disolución de ETA porque esa exigencia «no corresponde a un proceso lógico». Según él, son los gobiernos español y francés los que deben «avanzar en la búsqueda de las vías de diálogo y aportar dinámicas para que el final de ETA sea posible».

Barrena, multiincumplidor. Videoanálisis de Ángeles Escrivá.

08/10/2012 ESPAÑA

Otegi y su condena hasta abril de 2016

La Audiencia Nacional ha puesto fecha oficial a la libertad de Arnaldo Otegi: seguirá en prisión hasta el 8 de abril de 2016, día en que terminará de cumplir la condena de seis años y seis meses por el 'caso Bateragune'. Así se lo ha comunicado al líder 'abertzale' la Sección Cuarta de lo Penal, la misma que le juzgó por intentar reconstruir Batasuna. La resolución no impediría que el Gobierno, si así lo quisiera, pusiera a Otegi en libertad antes de la fecha de cumplimiento, bien a través de permisos o bien con progresiones de grado acordadas por Instituciones Penitenciarias. El cálculo de la Audiencia afecta únicamente al tiempo de prisión, no al de inhabilitación. Junto a la pena de cárcel, el Tribunal Supremo acabó imponiendo a Otegi seis años y seis meses de prohibición de ejercer como cargo público

El fiscal apoya redenciones de pena para dos etarras por primera vez

M. M. MADRID  05/10/2012 PORTADA/El Mundo

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado por primera vez la concesión de redenciones extraordinarias a etarras de la vía Nanclares. Se trata de Carmen Guisasola y Koldo Martín Carmona. El Ministerio Público, que hasta la fecha había recurrido todas las redenciones a los arrepentidos, valora que Guisasola haya «promocionado» el abandono de la violencia y Carmona, colaborado en juicios a etarras.
En sendos escritos remitidos esta semana al juzgado central de Vigilancia Penitenciaria, el fiscal indica que «no se opone» a las redenciones que Instituciones Penitenciarias propone para Guisasola y Martín Carmona, ambos con condenas por asesinato.

Las redenciones, que casi con toda seguridad serán aprobadas por el magistrado José Luis de Castro, permitirán a los etarras arrepentidos acortar sus condenas. En el caso de Guisasola, se le descontarán 175 días de condena -el máximo legal por año- por sus actividades en prisión en 2011, y otros 45 días -de nuevo el máximo- por el primer trimestre de este año. A Martín Carmona, también 45 días por los primeros meses de 2012. Además, es previsible que ambos mantengan ese ritmo de redenciones.
Hasta la fecha, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza había recurrido todas las redenciones extraordinarias alegando que el arrepentimiento ya se premiaba por otras vías -como los permisos de salida de los que ya han disfrutado-, y que Prisiones no justificaba de manera suficiente la especial laboriosidad que debe acreditarse para conseguirlas. La Sección Primera de lo Penal, presidida por Fernando Grande-Marlaska, había estimado algunos recursos y rechazado otros.

En esta ocasión, los escritos del fiscal Marcelo Azcárraga indican que concurren en ambos etarras circunstancias particulares. En el caso de Guisasola, portavoz oficiosa del grupo de arrepentidos, porque promueve activamente la vía de la reinserción. «Se ha de tener presente que la figura de la redención extraordinaria [...] tiene su principal fundamento en la reinserción del penado y es aquí donde entendemos debe jugar en favor de la interna su activa intervención en la propagación de ideas contrarias al uso de la violencia terrorista y su promoción del abandono de la misma. Y ello por cuanto la actividad desarrollada por la interna al objeto de ser tenida en cuenta en este sentido ha de ser aquella que sea útil no sólo para su rehabilitación como ciudadana libre, sino también para el resto de la sociedad en la que pretende integrarse», dice el fiscal. «De este modo el esfuerzo desarrollado por la interna no sólo redunda en su beneficio individual, sino en el colectivo, compensando de esta manera el dolor que ha trasladado a la colectividad con sus actos terroristas», añade.

En cuanto a Martín Carmona, la Fiscalía estima que «debe jugar en favor del interno la exteriorización pública de tal actitud prestando declaración en la vista oral del juicio», en referencia a uno de los celebrados contra el etarra Txus Marín Hernando, en el que la declaración de Martín Carmona fue empleada para dictar condena. «La exposición pública de tal actitud colaborando con la Administración de Justicia precisamente en el esclarecimiento de delitos de terrorismo por los que él mismo ya ha sido condenado, ha de ser tenida especialmente en cuenta», dice el fiscal, que en el pasado se había opuesto a otras redenciones para el etarra por su trabajo en el economato.

Los dos escritos se cierran de igual manera, insistiendo en que Instituciones Penitenciarias debe poner más empeño al justificar la especial laboriosidad. «El Fiscal no se opone a la propuesta de redención extraordinaria, sin perjuicio de que sería deseable que por el Centro penitenciario en ulteriores ocasiones concrete más las actividades del interno que excedan del normal desempeño». En el caso de Carmona, sugiere que potencie «la difusión de las ideas contrarias al uso de medios violentos».
Las redenciones extraordinarias son uno de los premios que interior a puesto en marcha para los etarras arrepentidos que han abandonado la disciplina de la banda, pedido perdón por escrito y comenzado a pagar las indemnizaciones. Las propuestas de redenciones comenzaron a llegar con el anterior equipo de Interior y ha continuado con el popular.

Mientras que las redenciones ordinarias redimen un día por cada dos pasados en prisión, las extraordinarias son más beneficiosas: la proporción es de un día redimido por cada uno trabajado, hasta un máximo legal anual de 175 días redimidos, lo que permite acortar rápidamente las condenas. Su relevancia será aún mayor en el caso de que, finalmente, deje de aplicarse la doctrina Parot, que había convertido en inútiles las redenciones a etarras con larguísimas condenas.

MARÍA PERAL MADRID

05/10/2012 ESPAÑA

E l Gobierno intenta parar la liberación masiva de terroristas

Recurre a la Gran Sala del TEDH el fallo de siete jueces que tumbó la 'doctrina Parot'

 El abogado del Estado presentó ayer en el Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) un recurso contra la sentencia de la sección de siete jueces que el pasado 10 de julio echó abajo la doctrina Parot, establecida en 2006 por el Tribunal Supremo para impedir que delincuentes condenados a cientos de años de prisión por delitos de extrema gravedad estén en la calle con apenas 20 años de cumplimiento.

Ese recurso, que debe superar un estricto filtro de admisión antes de que pueda ser examinado por los 17 jueces de la Gran Sala, es el único instrumento de que dispone el Gobierno español para intentar parar la masiva excarcelación de etarras y de otros delincuentes autores de múltiples crímenes.

El reexamen de un asunto ya fallado por la Corte Europea es excepcional y su finalidad es garantizar la coherencia de la jurisprudencia europea y permitir la revisión de los asuntos más trascendentes.

El recurso se dirige contra la sentencia de la Sección Tercera del TEDH que declaró que España ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (que garantiza la irretroactividad de las penas y el derecho a la libertad) en el caso de la etarra Inés del Río.

Condenada a más de 3.800 años de cárcel por 23 asesinatos, la antigua miembro del comando Madrid de ETA es una de las afectadas por la doctrina Parot, que estableció el descuento de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas en lugar de restarlos de los 30 años máximos de cumplimiento. En su caso, la diferencia en el cómputo de las redenciones de pena se traduce en que permanecería en prisión hasta 2017 en vez de haber sido liberada en 2008 (tras 19 años de privación de libertad). Fue detenida en 1989.

La abogacía del Estado sostiene que la Sección Tercera se ha apartado de la doctrina del Tribunal Europeo sobre la distinción entre penas y su ejecución. Hasta
la sentencia sobre Inés del Río, la irretroactividad se consideraba aplicable a la tipificación de los delitos y a las penas, pero no a su forma de cumplimiento, que entra dentro del margen de la política penitenciaria de cada Estado. Estrasburgo mantenía hasta ahora que las medidas que pudieran suponer un adelantamiento en la puesta en libertad, sin cumplir la totalidad de las penas impuestas, formaban parte de la ejecución de las mismas y, en consecuencia, no podían considerarse penas.

El recurso subraya la enorme repercusión del criterio fijado por la Sección Tercera, puesto que anticiparía la puesta en libertad de los delincuentes más peligrososEl abogado del Estado presentó ayer en el Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) un recurso contra la sentencia de la sección de siete jueces que el pasado 10 de julio echó abajo la doctrina Parot, establecida en 2006 por el Tribunal Supremo para impedir que delincuentes condenados a cientos de años de prisión por delitos de extrema gravedad estén en la calle con apenas 20 años de cumplimiento.

Ese recurso, que debe superar un estricto filtro de admisión antes de que pueda ser examinado por los 17 jueces de la Gran Sala, es el único instrumento de que dispone el Gobierno español para intentar parar la masiva excarcelación de etarras y de otros delincuentes autores de múltiples crímenes.

El reexamen de un asunto ya fallado por la Corte Europea es excepcional y su finalidad es garantizar la coherencia de la jurisprudencia europea y permitir la revisión de los asuntos más trascendentes.

El recurso se dirige contra la sentencia de la Sección Tercera del TEDH que declaró que España ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (que garantiza la irretroactividad de las penas y el derecho a la libertad) en el caso de la etarra Inés del Río.

Condenada a más de 3.800 años de cárcel por 23 asesinatos, la antigua miembro del comando Madrid de ETA es una de las afectadas por la doctrina Parot, que estableció el descuento de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas en lugar de restarlos de los 30 años máximos de cumplimiento. En su caso, la diferencia en el cómputo de las redenciones de pena se traduce en que permanecería en prisión hasta 2017 en vez de haber sido liberada en 2008 (tras 19 años de privación de libertad). Fue detenida en 1989.

La abogacía del Estado sostiene que la Sección Tercera se ha apartado de la doctrina del Tribunal Europeo sobre la distinción entre penas y su ejecución. Hasta
la sentencia sobre Inés del Río, la irretroactividad se consideraba aplicable a la tipificación de los delitos y a las penas, pero no a su forma de cumplimiento, que entra dentro del margen de la política penitenciaria de cada Estado. Estrasburgo mantenía hasta ahora que las medidas que pudieran suponer un adelantamiento en la puesta en libertad, sin cumplir la totalidad de las penas impuestas, formaban parte de la ejecución de las mismas y, en consecuencia, no podían considerarse penas.

El recurso subraya la enorme repercusión del criterio fijado por la Sección Tercera, puesto que anticiparía la puesta en libertad de los delincuentes más peligrosos